Hacia la polarización electoral
Columba Arias Solís
La ruta a la jornada electoral del próximo 1 de julio, luego de la designación de los candidatos que representarán a los distintos partidos en la contienda presidencial, ha comenzado a volverse muy sinuosa, habida cuenta la serie de desencuentros políticos entre dirigentes partidistas, principalmente del PRI, y autoridades del gobierno federal, incluido el propio titular del Ejecutivo, al que los opositores hacen reclamos de pretender intervenir en el proceso electoral utilizando a las instituciones, primordialmente a las de justicia, en contra de los adversarios políticos, así como con el cambio de autoridades en instituciones que tienen que ver con el buen desarrollo y transparencia del proceso electoral.
Febrero ha sido el mes del surgimiento de la polarización entre los partidos políticos contrarios y las autoridades del gobierno, que iniciara con la noticia publicada en un medio nacional sobre las acusaciones a tres ex gobernadores priístas del estado de Tamaulipas, a quienes presuntamente se les seguiría un proceso acusados de expropiaciones indebidas de inmuebles para luego venderlas a prestanombres vinculados al crimen organizado. Incluso se mencionó en los diarios que se habrían advertido a los aeropuertos alertas para impedir que los citados ex gobernadores salieran del país.
Pronto trascendería que nunca hubo tales alertas y por ende los gobernadores podían transitar libremente, asunto al que las autoridades resolvieron dando carpetazo y despidiendo a dos empleados menores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Caló hondo al priísmo el golpe mediático, por lo que en revancha solicitaron a la PGR la investigación de ex gobernadores panistas de Baja California, acusándolos prácticamente de los mismos delitos que a los tricolores.
En los mismos días y ante los rumores del cambio de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el presidente nacional del priísmo enviaba una misiva a la procuradora Marisela Morales, haciendo mención a que en los medios de comunicación se citaba la posible sustitución del titular de la FEPADE a pesar de que el proceso electoral se había iniciado desde octubre de 2011, por lo que consideraba sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpliera con los criterios de imparcialidad y legalidad inherentes a la institución.
En la misiva a la procuradora el dirigente tricolor manifestaba el interés de su instituto por conocer las causas de la remoción del fiscal, y argumentaba las suspicacias despertadas en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal para criminalizar el proceso electoral y favorecer al PAN, considerando inadmisible que la FEPADE se utilizara como instrumento para lo que denominó “persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno”.
Apenas entregada la comunicación anterior, se oficializa el nombramiento de Imelda Calvillo Tello como nueva titular de la FEPADE, ubicándola los medios como gente muy cercana al secretario García Luna, y ante lo cual el presidente del PRI considerara que era “una decisión arbitraria y francamente autoritaria”, exigiendo al presidente la explicación sobre la remoción de José Luis Vargas Valdez como fiscal.
La dirigencia tricolor criticaba el nombramiento, ya que la fiscal entrante carece -según manifestaron- de experiencia en materia electoral indispensable porque habrá de desempeñar una función clave para el desarrollo democrático de la elección, cuando el proceso electoral ya se encuentra en marcha.
A propósito de ese nombramiento, las descalificaciones de un lado y las justificaciones del otro fluyeron en un ir y venir comenzando a polarizar las posiciones partidistas. El PRI señaló tener elementos suficientes para suponer la remoción sin justificación del anterior titular, entre ellos la determinación del TEPJF de validar las elecciones para gobernador de Michoacán, por lo que consideraban que la remoción del fiscal se debió a que no aceptó presiones sobre este caso.
Al respecto, vale señalar que el 13 de diciembre de 2011 en un foro del Consejo de las Américas en Washington, DC, el entonces titular de la FEPADE señaló que las últimas siete elecciones estatales “se han conducido con normalidad democrática, incluida la elección a la gubernatura de Michoacán. Hasta la instancia que se ha llegado, es una elección que se puede considerar válida”.
En el comunicado del presidente priísta éste exige detener el debilitamiento de las instituciones del Estado, el cese del uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos electorales. En una entrevista, el dirigente recuerda que la intervención del gobierno en las elecciones de 2006 en favor de su partido llevó a la polarización y al conflicto post electoral del que apenas se está recuperando.
El siguiente episodio de la lucha electoral habrá de desarrollarse ante la FEPADE, luego de la denuncia presentada por el PRI contra la ex candidata al gobierno de Michoacán y hermana del presidente de la República, por la presunta utilización de recursos públicos para su candidatura. La ex candidata por su parte amaga con denunciar al adversario por la grabación ilícita de conversaciones, luego que se diera a conocer una plática donde presuntamente hablara de comprar votos para la elección interna del panismo en Michoacán.
Se antoja largo el camino de la campaña electoral que culminará el 1 de julio, y los ánimos se están caldeando muy temprano. Ni la veda electoral parece aplacar la animosidad política. En fin, ya se verá.
