Las visitas presidenciales

Las visitas presidenciales


Por: Columba Arias Solís

Las visitas de los presidentes de la República a Michoacán y a las demás entidades federativas durante la hegemonía del partido tricolor, siempre se realizaron siguiendo el protocolo marcado desde la residencia presidencial: en olor de multitudes llevadas para la aclamación del personaje visitante, la presencia de las fuerzas vivas de la población, y por supuesto en el lugar central codo a codo con el presidente, el gobernador de la entidad visitada, todos dentro de un esquema a la par que con la seriedad del caso, con cierta cordialidad entre la clase política de los diferentes niveles de gobierno reunidos.

Con la alternancia política iniciada por Vicente Fox, los estilos, los usos y costumbres de la clase gobernante prácticamente no cambiaron, si acaso el lenguaje utilizado por el nuevo presidente que ignoró la solemnidad para volverse coloquial, adoptando el tuteo y dejando atrás la formalidad al dirigirse tanto a los gobernadores anfitriones como a funcionarios de las administraciones y a los integrantes de la iniciativa privada.

Michoacán fue una de las entidades que mayormente visitó a lo largo de su administración, evidenciando no tener prejuicio alguno con el gobernante emanado de distinto partido, por el contrario, hubo tan buena relación que el entonces presidente al final de su mandato invitó al gobernador Lázaro Cárdenas Batel a formar parte del consejo del recién instalado Centro Fox.

A propósito de la cordialidad entre el mandatario federal y el local, en entrevista realizada al presidente Fox por el corresponsal de una televisora en Michoacán, al referirse al programa de nutrición iniciado por el gobernador Cárdenas Batel, el presidente señaló que le parecía muy atinado, por lo que apoyaría “y trabajaría de la mano del gobernador”.

En cuanto al Seguro Popular, dijo que “para extenderlo y llevarlo a una cobertura total en el estado de Michoacán, trabajamos con él en la infraestructura hospitalaria y de atención a la salud”. “Trabajamos con él en la construcción de carreteras, hay muchas carreteras que han sido construidas en el estado de Michoacán.

“Entonces -siguió diciendo Vicente Fox- afortunadamente e independientemente de colores partidistas, trabajamos muy a gusto, muy coordinados, el gobernador y el gobierno federal”.

La atención y la cordialidad permanecieron entre gobernantes hasta el final del sexenio foxista, así se observó en las últimas visitas presidenciales realizadas a Michoacán el 12 de septiembre de 2006 para inaugurar la planta procesadora de energía eléctrica de la Presa de Chilatán, y el 23 de noviembre del mismo año para inaugurar en Zamora el Centro Regional de las Artes.

Luego de los controvertidos resultados electorales de 2006 y de la accidentada toma de posesión como presidente de Felipe Calderón, un nuevo ciclo se inauguraría en las relaciones del Ejecutivo Federal y el triunfador del proceso electoral de noviembre de 2007 en Michoacán y nuevo gobernador Leonel Godoy.

El 14 de febrero de 2008 en su toma de posesión como gobernador de la entidad, ante la presencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, representante del presidente Felipe Calderón, nada hacía presagiar que las relaciones institucionales entre Leonel Godoy y Felipe Calderón se deteriorarían hasta terminar prácticamente en pleito y continuar más allá del mandato del gobernador michoacano.

Los desencuentros entre ambos gobernantes fueron la constante a lo largo de la administración del gobernador perredista, quien siempre evidenció la falta de apoyo del gobernante federal, la descortesía y falta de institucionalidad de los secretarios de la administración calderonista, el irrespeto de la Federación hacia la soberanía del estado, especialmente en el asunto del Michoacanazo, con el asalto al Palacio de Gobierno michoacano por las fuerzas federales, y finalmente por los recortes al presupuesto, que a decir del entonces gobernador detonaron la crisis financiera del estado.

En las visitas del presidente Calderón a la entidad, siempre se observó cierta tirantez entre ambos mandatarios, en sus intervenciones se advertían los reclamos de uno a otro, por la falta de coordinación o por la falta de apoyo, -diálogo de sordos- diría más de alguno, mientras los michoacanos éramos una suerte de convidados de piedra.

Luego del accidentado asunto de las elecciones y el por fin reconocimiento del presidente al gobernador Fausto Vallejo, a quien en el inicio acusó de ser ganador gracias a las fuerzas criminales, el presidente Calderón visitó Michoacán en días pasados, y en el acto de inauguración del nuevo hospital del ISSSTE prosiguió el pleito con el ya ex gobernador y actual senador, a quien acusó de haber dejado un tiradero, “un desorden, un problema mayor en las finanzas públicas”, además de acusar que “miles de millones de pesos destinados al Sector Salud en Michoacán no se usaron para tal fin”.

El ex gobernador en cuanto se enteró de los dichos presidenciales, acusó recibo de los mismos y respondió al Ejecutivo. Luego entonces, parece ser que los michoacanos seguiremos siendo testigos de los dimes y diretes en que ha derivado el pleito político cuyas razones de fondo nunca conoceremos, y que las visitas presidenciales no obstante el cambio de gobernante local seguirán sirviendo para dirimir públicamente las querellas del presidente contra sus adversarios, mientras el actual gobernador clama por el apoyo de la Federación para salir de la crisis y ofrece coordinación institucional.

Si como el presidente ha declarado públicamente, hubo malos manejos de miles de millones de pesos por parte del gobierno anterior, más que la estridencia publicitaria y la exhibición pública, lo que es obligatorio hacer con las pruebas que tenga sobre las presuntas irregularidades de funcionarios, poner en marcha los mecanismos jurídicos previstos en las normas, y llamar a cuentas a los presuntos implicados para determinar la responsabilidad de cada quien, eso sería actuar con seriedad, si no es así, todo quedará en estridencia mediática, en publicidad electoral.

Nota: esta columna también puede ser leída en AIMICH.ORG

Veda Electoral

Veda electoral
Columba Arias Solís
Jueves 1 de Marzo de 2012 • Enviar nota • Imprimir
Una vez que en los diferentes partidos políticos quedaron definidas las candidaturas a la Presidencia de la República, el plazo fijado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el registro de candidatos comienza a partir del 15 y hasta el 22 de marzo, en tanto que el periodo marcado por el Código para la realización de las campañas electorales inicia al día siguiente de la sesión de registro de candidaturas y tendrá una duración de 90 días.

Hay entonces un periodo de intercampaña que la norma contempla y durante el cual no deben hacerse acciones de proselitismo político, situación que generó muchas inconformidades y molestias principalmente entre los medios de difusión, pero también entre los partidos políticos que advirtieron ambigüedades en las disposiciones, por lo que el Consejo General del IFE hubo de sesionar y aprobar el acuerdo por el que se emitieron normas derivadas del Cofipe sobre actos anticipados de campaña durante el periodo que los medios denominaron de “veda electoral”.

Ante la contrariedad de partidos y medios, el consejero presidente del IFE puntualizó que la reglamentación de los actos anticipados de campaña es un requisito para dar equidad a las contiendas electorales y claridad a los actores políticos, en virtud a que el periodo de intercampaña no es un periodo para la competencia electoral.

El consejero presidente hizo énfasis en que durante la reforma electoral de 2007-2008 se tomaron en consideración dos cuestiones: evitar una exposición inequitativa en los medios electrónicos de comunicación que distorsionara las contiendas electorales, y que las campañas electorales fueran más cortas y por ende menos costosas.

El acuerdo del IFE aclaró que la ley dispone para el periodo de intercampaña, las plataformas electorales de los partidos políticos, la resolución de las posibles controversias internas de los partidos políticos y las coaliciones electorales en relación con sus candidaturas, y la fiscalización de los recursos invertidos en las precampañas, en tanto que se restringe el acceso a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos a los tiempos del Estado en radio y televisión, así como abstenerse de realizar actos anticipados de campaña como reuniones públicas, asambleas y marchas.

Ante las inconformidades de los representantes de radio y televisión, el IFE aclaró que la libertad de expresión de los precandidatos y candidatos, así como el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, estaba salvaguardado en todo momento, de tal forma que los medios de comunicación podrían realizar entrevistas y difundir notas periodísticas sobre los partidos políticos y coaliciones, pero se prohíbe la comercialización de tiempos en radio y televisión.

En este tiempo de veda electoral, que va del 16 de febrero al 29 de marzo, se permite que los partidos políticos puedan difundir propaganda política de carácter general y conforme a la ley, siempre y cuando no promuevan candidaturas ni soliciten el voto a su favor para la jornada electoral federal.

La veda electoral prevista por la ley y aclarada por el IFE, si bien ha inconformado a partidos políticos y a medios de comunicación -no por la restricción de la libertad de expresión, sino por la merma en sus ingresos-, a los ciudadanos en general les ha brindado un respiro ante el próximo bombardeo publicitario que a todas horas habrá de padecerse durante largos 90 días y por todos los medios posibles para vender a la colectividad, no las ideas o programas, sino la banalidad de las frases comunes de campaña y la estudiada y compuesta imagen -de algunos más que otros- de quienes aspiran a la silla presidencial.

Ante el periodo de prohibición electoral, sin embargo siempre hay quienes padecen la tortura de no publicitarse y buscan otros caminos para estar presentes en el imaginario colectivo, así sea entrando a la panadería aunque se salga sin conchas ni teleras, pero sí con el ánimo de desmentir presuntas dietas y anorexias para conservar el tipo.

Tampoco el presidente Calderón parece haberse conformado con la veda electoral, y así trascendió que en la reunión con los integrantes del Consejo Banamex habría comentado sobre presuntas encuestas que ubicaban a la candidata de su partido muy cerca del puntero en la carrera presidencial.

Claro está que ante los comentarios presidenciales las protestas no se hicieron esperar desde todos los ámbitos partidistas, de tal forma que los consejeros del IFE han hecho un llamado a todos los actores políticos, incluido el presidente, para actuar con responsabilidad en el actual proceso electoral. En tanto que el titular del Ejecutivo en aras de disipar el ambiente generado por sus comentarios, se ha reunido con el dirigente nacional del priísmo, a quien parece haber tranquilizado sobre su postura en estos comicios.

También con el presidente en turno de la Conago -el gobernador del estado de Querétaro-, el jefe del Ejecutivo se ha reunido, y ambos se han comprometido a que ni el presidente de la República ni los gobernadores de los estados meterán las manos en los comicios federales. Aquí vale recordar la frase de la dirigente magisterial que todos rechazan en público, pero que en privado muchos buscan: ¿ustedes les creen al presidente y a los gobernadores?

En fin, lástima que la veda electoral no sea de mayor duración, habrá de concluir a finales del presente marzo, por tanto hay que prepararse para el bombardeo electoral.

Hacía la Polarización Política

Hacia la polarización electoral

Columba Arias Solís

La ruta a la jornada electoral del próximo 1 de julio, luego de la designación de los candidatos que representarán a los distintos partidos en la contienda presidencial, ha comenzado a volverse muy sinuosa, habida cuenta la serie de desencuentros políticos entre dirigentes partidistas, principalmente del PRI, y autoridades del gobierno federal, incluido el propio titular del Ejecutivo, al que los opositores hacen reclamos de pretender intervenir en el proceso electoral utilizando a las instituciones, primordialmente a las de justicia, en contra de los adversarios políticos, así como con el cambio de autoridades en instituciones que tienen que ver con el buen desarrollo y transparencia del proceso electoral.

Febrero ha sido el mes del surgimiento de la polarización entre los partidos políticos contrarios y las autoridades del gobierno, que iniciara con la noticia publicada en un medio nacional sobre las acusaciones a tres ex gobernadores priístas del estado de Tamaulipas, a quienes presuntamente se les seguiría un proceso acusados de expropiaciones indebidas de inmuebles para luego venderlas a prestanombres vinculados al crimen organizado. Incluso se mencionó en los diarios que se habrían advertido a los aeropuertos alertas para impedir que los citados ex gobernadores salieran del país.

Pronto trascendería que nunca hubo tales alertas y por ende los gobernadores podían transitar libremente, asunto al que las autoridades resolvieron dando carpetazo y despidiendo a dos empleados menores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Caló hondo al priísmo el golpe mediático, por lo que en revancha solicitaron a la PGR la investigación de ex gobernadores panistas de Baja California, acusándolos prácticamente de los mismos delitos que a los tricolores.

En los mismos días y ante los rumores del cambio de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el presidente nacional del priísmo enviaba una misiva a la procuradora Marisela Morales, haciendo mención a que en los medios de comunicación se citaba la posible sustitución del titular de la FEPADE a pesar de que el proceso electoral se había iniciado desde octubre de 2011, por lo que consideraba sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpliera con los criterios de imparcialidad y legalidad inherentes a la institución.

En la misiva a la procuradora el dirigente tricolor manifestaba el interés de su instituto por conocer las causas de la remoción del fiscal, y argumentaba las suspicacias despertadas en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal para criminalizar el proceso electoral y favorecer al PAN, considerando inadmisible que la FEPADE se utilizara como instrumento para lo que denominó “persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno”.

Apenas entregada la comunicación anterior, se oficializa el nombramiento de Imelda Calvillo Tello como nueva titular de la FEPADE, ubicándola los medios como gente muy cercana al secretario García Luna, y ante lo cual el presidente del PRI considerara que era “una decisión arbitraria y francamente autoritaria”, exigiendo al presidente la explicación sobre la remoción de José Luis Vargas Valdez como fiscal.

La dirigencia tricolor criticaba el nombramiento, ya que la fiscal entrante carece -según manifestaron- de experiencia en materia electoral indispensable porque habrá de desempeñar una función clave para el desarrollo democrático de la elección, cuando el proceso electoral ya se encuentra en marcha.

A propósito de ese nombramiento, las descalificaciones de un lado y las justificaciones del otro fluyeron en un ir y venir comenzando a polarizar las posiciones partidistas. El PRI señaló tener elementos suficientes para suponer la remoción sin justificación del anterior titular, entre ellos la determinación del TEPJF de validar las elecciones para gobernador de Michoacán, por lo que consideraban que la remoción del fiscal se debió a que no aceptó presiones sobre este caso.

Al respecto, vale señalar que el 13 de diciembre de 2011 en un foro del Consejo de las Américas en Washington, DC, el entonces titular de la FEPADE señaló que las últimas siete elecciones estatales “se han conducido con normalidad democrática, incluida la elección a la gubernatura de Michoacán. Hasta la instancia que se ha llegado, es una elección que se puede considerar válida”.

En el comunicado del presidente priísta éste exige detener el debilitamiento de las instituciones del Estado, el cese del uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos electorales. En una entrevista, el dirigente recuerda que la intervención del gobierno en las elecciones de 2006 en favor de su partido llevó a la polarización y al conflicto post electoral del que apenas se está recuperando.

El siguiente episodio de la lucha electoral habrá de desarrollarse ante la FEPADE, luego de la denuncia presentada por el PRI contra la ex candidata al gobierno de Michoacán y hermana del presidente de la República, por la presunta utilización de recursos públicos para su candidatura. La ex candidata por su parte amaga con denunciar al adversario por la grabación ilícita de conversaciones, luego que se diera a conocer una plática donde presuntamente hablara de comprar votos para la elección interna del panismo en Michoacán.

Se antoja largo el camino de la campaña electoral que culminará el 1 de julio, y los ánimos se están caldeando muy temprano. Ni la veda electoral parece aplacar la animosidad política. En fin, ya se verá.

Un nuevo Gobierno

Un nuevo Gobierno

Columba Arias Solís

Al filo del tiempo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la madrugada del martes y luego de una larga sesión que iniciara la noche del lunes, resolvió por unanimidad de votos de los magistrados validar la elección del 13 de noviembre y reconocer el triunfo del gobernador electo Fausto Vallejo, al resolver los juicios promovidos por el PAN y el PRD en contra de la declaratoria de validez de la elección de gobernador determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Larga habrá sido tanto para el gobernador electo como para la militancia tricolor la espera para conocer el veredicto -tres meses de litigios en los tribunales electorales-, periodo sembrado de sospechas, de rumores de intervenciones oficiales para torcer la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas.

La previa anulación de los comicios municipales de Morelia bajo los mismos argumentos expresados en la impugnación a la elección estatal, hacían temer que se correría la misma suerte, generándose incertidumbre no sólo en la militancia, sino en la ciudadanía en general.

Luego de días ayunos de noticias, la publicación en la página electrónica del Tribunal del proyecto de sentencia que confirmaba la declaratoria de legalidad y validez de la elección y de gobernador electo devolvió los ánimos a los tricolores.

Haciendo suponer que pronto resolverían al respecto, sin embargo previsto para resolverse en la sesión del miércoles 8, el tema es retirado de la agenda del día y de nueva cuenta el alma se escapa del cuerpo y retornan los rumores y comentarios que van y vienen en distintas direcciones, manteniendo en vilo a tirios y troyanos.

Por fin los integrante de la Sala Superior del Tribunal parecen condolerse de los michoacanos, decidiendo atender y resolver el expediente sobre la validez de las elecciones, y se conoce que dicho y esperado evento acontecerá en la sesión convocada para las 20:00 horas del lunes 13 de febrero, por lo que interesados y no se mantienen a la expectativa de lo que los doctos magistrados habrían de resolver luego de seis horas de sesudas deliberaciones donde los argumentos se lanzaban de un magistrado al otro, hasta que venturosamente se apiadaron de los michoacanos y decidieron por unanimidad validar el triunfo electoral de quien ganó en las urnas.

Así, luego de recorrer el largo camino de las impugnaciones, el 14 de febrero, apenas unas horas antes de protestar su cargo, recibe el gobernador electo la constancia de validez de la elección como gobernador durante la sesión que para tal efecto convocara el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Evento en el cual el nuevo gobernante en su primer mensaje anunció llegado el momento de voltear la página, “no registro agravio”, dijo, “lo que sigue es trabajar juntos para generar reconciliación, paz, concordia y gobernabilidad”.

Dadas las condiciones que prevalecen en el país en general y en el estado en particular, pareciera que el gobernador electo compró boleto para la rifa del tigre y se lo sacó, y ahora y durante los próximos tres años y siete meses tendrá que preocuparse y ocuparse de atender y resolver la compleja problemática que viene con el premio que se ganó.

Virtud a la tan criticada decisión de aquella Legislatura que en su tiempo pretendiera dejar un gobernador a modo -cosa que por fortuna la Corte impidió- y aprobara las reformas para modificar el calendario electoral de Michoacán, el gobierno que este 15 de febrero inició apenas durará en su encargo un lapso menor a los cuatro años, tiempo que parece demasiado corto para que el equipo de gobierno entrante pueda resolver los problemas que aquejan al estado y cumpla con los compromisos que se asumieran a lo largo de la campaña electoral.

El nuevo gobernante ha presentado al grupo de colaboradores del primer nivel que lo acompañarán en su etapa de gobierno, la mayoría de los cuales han tenido experiencias administrativas y son conocidos en Michoacán, mientras que los titulares de Seguridad y Finanzas son personajes absolutamente ajenos al estado.

Los nombramientos de los nuevos secretarios han desatado las especulaciones en los diferentes medios, comentándose que algunos de los nombrados son posiciones que el nuevo titular del Ejecutivo otorgó a ciertos ex gobernadores michoacanos, y que en el caso del responsable de seguridad, es una concesión a la Presidencia y un mensaje de que en esa materia se irá por el mismo camino en aras de revitalizar la relación con el presidente, propósito que el nuevo gobernador ya anunciara en su mensaje político del 15 en el Teatro Morelos.

A partir de este 15 de febrero ha entrado en funciones un nuevo gobierno en Michoacán, cuyo titular ha convocado a un “gran acuerdo para construir un Michoacán próspero y en paz”. Ojalá que a los deseos y palabras trasciendan los hechos en beneficio de todas y todos los michoacanos. Ya se verá.

Candidaturas definidas

Candidaturas definidas

Columba Arias Solís

Jueves 9 de Febrero de 2012

Con la jornada electoral realizada el pasado domingo, Acción Nacional -luego de varios meses de precampaña informal y luego formal-, a través de elección directa de su militancia, definió por fin su candidatura a la Presidencia de la República, misma que como es sabido ganó la diputada con licencia Josefina Vázquez Mota, derrotando en toda línea al favorito de la Presidencia, el ex secretario de Hacienda, en tanto que muy rezagado quedó quien fuera el titular de Gobernación en el gobierno foxista y que por segunda vez pretendiera la candidatura del blanquiazul a la titularidad del Ejecutivo Federal.


De acuerdo a lo estipulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el proceso electoral rumbo a las elecciones de julio de este año dio inicio en el mes de octubre del pasado 2011, y concluirá con el dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.


Atendiendo lo dispuesto en el artículo 211 del Cofipe, las precampañas debieron dar inicio en la tercera semana del mes de diciembre, sin embargo como fue del dominio público, los suspirantes del partido en el poder con mucha anticipación, claro, sin aceptar sus aspiraciones a la candidatura presidencial, se anduvieron placeando por todo el país, buscando ser reconocidas por la militancia de su partido, de tal forma que la tardanza en la elección de candidato pareció ser más una estrategia para posicionar a los aspirantes, que un problema para la toma de decisión a favor de alguno.


A no pocos sorprendió la rispidez que fue tomando la competencia electoral interna de los panistas, principalmente entre la diputada y el ex secretario de Hacienda, poniéndose en práctica los viejos usos y costumbres anteriormente combatidos y que ahora han adquirido cotidianeidad en los procesos electorales, sin distingo de color partidista: uso de recursos públicos, coacción del voto, compra de votos, guerra sucia y espionaje.


Todas estas malas prácticas que además son constitutivas de delitos electorales fueron denunciadas a su vez por cada uno de los contendientes, acusándose unos a otros de la utilización de estos mecanismos irregulares para allegarse votos en la jornada electoral del pasado día 5.


Quienes esperaban una cerrada votación entre el delfín presidencial y la diputada con licencia no dejaron de sorprenderse ante la amplia ventaja obtenida por la ganadora sobre su contrincante, lo que para algunos observadores significó que tuvo más fuerza el apoyo de los gobernadores a Vázquez Mota que la influencia presidencial.


Luego de darse a conocer oficialmente los resultados de la elección, los contrincantes perdedores tuvieron que posar ante los medios y ensayar las sonrisas para levantarle el brazo a la triunfadora, quien en un emocionado y largo discurso fue generosa en los halagos hacia sus rivales internos, reconociendo también su afecto personal a la pareja presidencial -Fox decía- que unos minutos antes de la declaratoria triunfal había estado para felicitar a la ganadora.


Con el triunfo en la elección dominical de Josefina Vázquez Mota queda completa la tercia de candidatos que contenderá por la Presidencia del país, como se sabe Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador por las fuerzas de la izquierda, aunque la dirigente real del Partido Nueva Alianza luego de su ruptura con el PRI habría señalado que también tendrían su propio candidato presidencial. Los tres o los cuatro candidatos deberán ser registrados entre el 15 de febrero y 22 de marzo, según lo dispone el Código, y podrán iniciar la campaña a partir del día siguiente de la sesión de registro de candidaturas, campaña que tendrá una duración de 90 días, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.



El caso Michoacán


No obstante que desde hace días fue subido a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el anteproyecto de dictamen sobre las impugnaciones presentadas por el Partido Acción Nacional y el PRD, quienes buscan que se anulen las elecciones a gobernador del pasado 13 de noviembre, dicho proyecto no ha sido puesto al análisis y discusión, y posterior votación por parte de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal, de modo tal que todavía el reconocimiento del triunfo del gobernador electo sigue en veremos.


Más aún, este miércoles pasado en que se esperaba que el mencionado proyecto fuera por fin discutido por los magistrados, el documento fue retirado de la agenda del día, haciendo crecer el sospechosismo sobre las presiones a los magistrados, y más bien se aprobó la concurrencia de la elección extraordinaria municipal de Morelia con las elecciones federales a efectuarse el primero de julio.


Escasos días quedan para que se efectúe el cambio de gobierno, por lo que es deseable no se retarde más la decisión del Tribunal para terminar de una vez con la incertidumbre que esta situación ha generado, como deseable también que ratificado el triunfo no pese sobre el gobernante la inquina presidencial por el bien de Michoacán, por el bien de los michoacanos.

La CFC, la Cofetel y los monopolios

La CFC, la Cofetel y los monopolios

Columba Arias Solís

El pasado miércoles, la Comisión Federal de Competencia (CFC) en una accidentada visita entregó la notificación al grupo Iusacell sobre el resultado de la solicitud que las empresas Televisa y TV Azteca presentaron para la adquisición, por parte de la primera, del paquete accionario de Iusacell perteneciente al grupo de Salinas y el que comprende Total Play, proveedor de televisión de paga, internet y telefonía fija. El resolutivo de la CFC niega el permiso para constituir la alianza entre los poderosos grupos empresariales.

La Comisión Federal de Competencia es la institución creada por la ley del mismo nombre, para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir -de acuerdo a lo señalado en las páginas de la Comisión- al bienestar de la sociedad, por tanto y de acuerdo a la norma es la autoridad encargada de aplicar la Ley Federal de Competencia , por ende le correspondió intervenir en el asunto de la solicitud de la fusión.

A partir de la solicitud que Iusacell hizo para la concentración con Televisa, la CFC estuvo en el ojo del huracán, sometidos sus integrantes a fuertes presiones dados los millonarios intereses de las empresas solicitantes, que hicieron sospechar a muchos sobre las influencias que se movían para dirigir el ánimo de los comisionados a favor de la concentración, ya que a través de ésta Televisa ingresaría al codiciado mercado de telefonía móvil, el cual ocupa dentro del PIB de las telecomunicaciones el 49.8 por ciento, y la empresa de Azcárraga se consolidaría como el tercer operador de telefonía móvil. Además de convertirse en el primer proveedor de servicios de cuádruple play.

Para fundamentar su resolutivo, la CFC analizó dos mercados para esta operación: El llamado mercado relevante que está conformado por diversos segmentos del ámbito de telecomunicaciones, tales como la telefonía móvil, internet de banda ancha y televisión de paga; y el mercado relacionado que tiene que ver con la televisión abierta, la publicidad y los contenidos, determinando que en el mercado relevante la posible alianza podía ser pro competitiva en telefonía móvil e internet de banda ancha, mas no en el segmento de televisión de paga, donde Televisa tiene el control de varias cableras y el grupo Salinas cuenta con la filial Total Play. También la CFC consideró que en el llamado mercado relacionado, la alianza tendría efectos anticompetitivos por las posibles acciones de Televisa y Grupo Salinas para desplazar a sus competidores.

Sin embargo los dos grandes corporativos no están dispuestos a asumir la negativa de la Comisión para su alianza, han anunciado que interpondrán un recurso de reconsideración sobre el fallo.

En el mismo tema de las telecomunicaciones, la Cofetel, el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e institución encargada de regular las telecomunicaciones en México -el cual se debate entre la controversia y la falta de transparencia-, la semana pasada decidió no someter a votación de sus integrantes los proyectos de licitación para una tercera cadena de televisión, así como el de digitalización de señales televisivas, es decir, cierra la puerta al menos temporalmente a la posibilidad de que aparezcan más empresas de televisión abierta.

Corresponde a la Cofetel regular las redes de telecomunicación y los servicios relacionados: locales y de larga distancia fijos y móviles, comunicaciones satelitales, señales de televisión y audio pagados e interconexiones internacionales, por tanto es competencia de este organismo elaborar los proyectos de licitación para nuevas cadenas televisivas, y durante varios meses estuvo generando expectativas sobre nuevas concesiones televisivas, sin embargo en la sesión del 25 de enero se resuelve no sólo aplazar la votación del proyecto, sino además que éste no sea integrado en la agenda de las próximas sesiones, ya que no se definió fecha alguna para analizar el tema de nueva cuenta.

Lo anterior es lo que a través de un comunicado el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, hace del conocimiento público, empero los cuatro comisionados saldrían a desmentir al presidente, manifestando que era falso que hubieran decidido congelar o aplazar en forma definitiva la resolución del concesionamiento de televisión abierta.

La cuestión es que no es un secreto los desencuentros entre los comisionados de la Cofetel y su presidente, cosa que ha provocado contradicciones que van más allá de las normales diferencias de opinión y puntos de vista entre ellos, sino que han desbordado la institución en perjuicio de la población al suspender las licitaciones y detener el surgimiento de más empresas de televisión.

No obstante que la Ley Federal de Radio y Televisión establece que la Cofetel es el organismo que debe expedir el programa de concesionamiento, la convocatoria y las bases, sin requerir la intervención de ninguna otra autoridad, a contrapelo de lo dicho por el presidente de que “necesitan coordinarse con otros Poderes de la Unión e instancias gubernamentales”, parece que será el Poder Judicial quien determinará la política pública que le corresponde a la Comisión. Por lo pronto los monopolios televisivos se siguen destornillando de risa, muy de plácemes porque no habrá competencia a la vista.

Sobre la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Sobre la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Columba Arias Solís

El pasado día 15 fue promulgada la Ley de Asociaciones Público-Privadas que el Congreso de la Unión aprobara en el mes de diciembre, y a través de la cual se otorga un marco jurídico a la participación de los capitales privados en proyectos del gobierno federal.

Desde el mes de noviembre de 2009 fue enviada por el presidente de la República la iniciativa de dicha ley a la Cámara de Diputados, formando parte de un paquete de reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, sin embargo durante dos años los legisladores no se mostraron favorables a la aprobación de la iniciativa, e incluso el pasado año ya en la discusión en comisiones fue frenada por legisladores del Partido del Trabajo y del PRD, quienes observaban con desconfianza la iniciativa presidencial. En diciembre el Senado recibió la iniciativa de la Cámara de Diputados y procedió a la aprobación de la minuta sin realizarle ninguna modificación.

Los legisladores que aprobaron la nueva ley consideraron que ésta será un instrumento “moderno para el crecimiento económico nacional”, empero los diputados que se manifestaron en contra del ordenamiento coincidieron en señalar que su voto en contra se debía a que beneficiaría “núcleos de inversionistas que tienen contactos con el grupo en el poder, y sólo servirá para profundizar la desigualdad social”.

Desde luego, además del Ejecutivo, quienes más se han mostrado entusiasmados con la Ley de Asociaciones Público-Privadas han sido las agrupaciones de la iniciativa privada, considerando que en el sistema financiero mexicano hay recursos privados disponibles de inversión -según dijeron- de varios millones de pesos para ejercerse a través del mecanismo de coinversión. Con la nueva ley consideran que el gobierno podrá capitalizar los recursos de los particulares en obras como hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aerotransportes y cuantos proyectos de desarrollo se requieran, en tanto que el gobierno podrá destinar más recursos públicos a programas sociales de alta rentabilidad.

Así, a través de esta ley se formalizan las asociaciones de la administración pública federal con los particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos que se refieren a la construcción de infraestructura mediante los esquemas de financiamiento diferentes a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.

Si bien para los defensores de la ley, lo que ésta busca es “potencializar la capacidad del Estado para desarrollar infraestructura y oferta de servicios a los ciudadanos a través de incorporar dinero privado en proyectos públicos, hay otras voces que desde el ámbito jurídico consideran innecesaria la mencionada ley, toda vez que, según aprecian Daniel Márquez y Jorge Witker del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jurídicamente la figura de la participación del sector privado ya estaba contemplada en la Ley de Planeación del artículo 26 constitucional, con los llamados Acuerdos de Concertación, los cuales son convenios de municipios, entidades federativas, Federación o entidades paraestatales con el sector privado, para -de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo- cumplir tareas en concreto.

Abundando en la opinión de Witker de que los proyectos de prestación de servicios ya funcionan en México desde hace bastante tiempo, el funcionario del Banco Interamericano, Steven Puig, señala también que la ley no era necesaria para hacer proyectos de prestación de servicios o concesiones porque “pueden hacerse con la ley que existe. En México desde hace diez años o más se está creciendo en proyectos públicos-privados”. Más bien, considera el funcionario, el significado de la aprobación de la ley es el de enviar una señal al mercado.

Mientras unos se alegran, otros se preocupan, y así algunos legisladores advierten que en la Ley de Asociaciones Público-Privadas se ha diseñado un mecanismo de expropiaciones que afectará a ejidatarios y comuneros que estarán en riesgo de perder sus propiedades cuando un proyecto así lo requiera.

De cualquier forma, la nueva ley no podrá aplicarse hasta en tanto se emita el reglamento que la misma establece en sus artículos transitorios.