Las visitas presidenciales

Las visitas presidenciales


Por: Columba Arias Solís

Las visitas de los presidentes de la República a Michoacán y a las demás entidades federativas durante la hegemonía del partido tricolor, siempre se realizaron siguiendo el protocolo marcado desde la residencia presidencial: en olor de multitudes llevadas para la aclamación del personaje visitante, la presencia de las fuerzas vivas de la población, y por supuesto en el lugar central codo a codo con el presidente, el gobernador de la entidad visitada, todos dentro de un esquema a la par que con la seriedad del caso, con cierta cordialidad entre la clase política de los diferentes niveles de gobierno reunidos.

Con la alternancia política iniciada por Vicente Fox, los estilos, los usos y costumbres de la clase gobernante prácticamente no cambiaron, si acaso el lenguaje utilizado por el nuevo presidente que ignoró la solemnidad para volverse coloquial, adoptando el tuteo y dejando atrás la formalidad al dirigirse tanto a los gobernadores anfitriones como a funcionarios de las administraciones y a los integrantes de la iniciativa privada.

Michoacán fue una de las entidades que mayormente visitó a lo largo de su administración, evidenciando no tener prejuicio alguno con el gobernante emanado de distinto partido, por el contrario, hubo tan buena relación que el entonces presidente al final de su mandato invitó al gobernador Lázaro Cárdenas Batel a formar parte del consejo del recién instalado Centro Fox.

A propósito de la cordialidad entre el mandatario federal y el local, en entrevista realizada al presidente Fox por el corresponsal de una televisora en Michoacán, al referirse al programa de nutrición iniciado por el gobernador Cárdenas Batel, el presidente señaló que le parecía muy atinado, por lo que apoyaría “y trabajaría de la mano del gobernador”.

En cuanto al Seguro Popular, dijo que “para extenderlo y llevarlo a una cobertura total en el estado de Michoacán, trabajamos con él en la infraestructura hospitalaria y de atención a la salud”. “Trabajamos con él en la construcción de carreteras, hay muchas carreteras que han sido construidas en el estado de Michoacán.

“Entonces -siguió diciendo Vicente Fox- afortunadamente e independientemente de colores partidistas, trabajamos muy a gusto, muy coordinados, el gobernador y el gobierno federal”.

La atención y la cordialidad permanecieron entre gobernantes hasta el final del sexenio foxista, así se observó en las últimas visitas presidenciales realizadas a Michoacán el 12 de septiembre de 2006 para inaugurar la planta procesadora de energía eléctrica de la Presa de Chilatán, y el 23 de noviembre del mismo año para inaugurar en Zamora el Centro Regional de las Artes.

Luego de los controvertidos resultados electorales de 2006 y de la accidentada toma de posesión como presidente de Felipe Calderón, un nuevo ciclo se inauguraría en las relaciones del Ejecutivo Federal y el triunfador del proceso electoral de noviembre de 2007 en Michoacán y nuevo gobernador Leonel Godoy.

El 14 de febrero de 2008 en su toma de posesión como gobernador de la entidad, ante la presencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, representante del presidente Felipe Calderón, nada hacía presagiar que las relaciones institucionales entre Leonel Godoy y Felipe Calderón se deteriorarían hasta terminar prácticamente en pleito y continuar más allá del mandato del gobernador michoacano.

Los desencuentros entre ambos gobernantes fueron la constante a lo largo de la administración del gobernador perredista, quien siempre evidenció la falta de apoyo del gobernante federal, la descortesía y falta de institucionalidad de los secretarios de la administración calderonista, el irrespeto de la Federación hacia la soberanía del estado, especialmente en el asunto del Michoacanazo, con el asalto al Palacio de Gobierno michoacano por las fuerzas federales, y finalmente por los recortes al presupuesto, que a decir del entonces gobernador detonaron la crisis financiera del estado.

En las visitas del presidente Calderón a la entidad, siempre se observó cierta tirantez entre ambos mandatarios, en sus intervenciones se advertían los reclamos de uno a otro, por la falta de coordinación o por la falta de apoyo, -diálogo de sordos- diría más de alguno, mientras los michoacanos éramos una suerte de convidados de piedra.

Luego del accidentado asunto de las elecciones y el por fin reconocimiento del presidente al gobernador Fausto Vallejo, a quien en el inicio acusó de ser ganador gracias a las fuerzas criminales, el presidente Calderón visitó Michoacán en días pasados, y en el acto de inauguración del nuevo hospital del ISSSTE prosiguió el pleito con el ya ex gobernador y actual senador, a quien acusó de haber dejado un tiradero, “un desorden, un problema mayor en las finanzas públicas”, además de acusar que “miles de millones de pesos destinados al Sector Salud en Michoacán no se usaron para tal fin”.

El ex gobernador en cuanto se enteró de los dichos presidenciales, acusó recibo de los mismos y respondió al Ejecutivo. Luego entonces, parece ser que los michoacanos seguiremos siendo testigos de los dimes y diretes en que ha derivado el pleito político cuyas razones de fondo nunca conoceremos, y que las visitas presidenciales no obstante el cambio de gobernante local seguirán sirviendo para dirimir públicamente las querellas del presidente contra sus adversarios, mientras el actual gobernador clama por el apoyo de la Federación para salir de la crisis y ofrece coordinación institucional.

Si como el presidente ha declarado públicamente, hubo malos manejos de miles de millones de pesos por parte del gobierno anterior, más que la estridencia publicitaria y la exhibición pública, lo que es obligatorio hacer con las pruebas que tenga sobre las presuntas irregularidades de funcionarios, poner en marcha los mecanismos jurídicos previstos en las normas, y llamar a cuentas a los presuntos implicados para determinar la responsabilidad de cada quien, eso sería actuar con seriedad, si no es así, todo quedará en estridencia mediática, en publicidad electoral.

Nota: esta columna también puede ser leída en AIMICH.ORG

Veda Electoral

Veda electoral
Columba Arias Solís
Jueves 1 de Marzo de 2012 • Enviar nota • Imprimir
Una vez que en los diferentes partidos políticos quedaron definidas las candidaturas a la Presidencia de la República, el plazo fijado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el registro de candidatos comienza a partir del 15 y hasta el 22 de marzo, en tanto que el periodo marcado por el Código para la realización de las campañas electorales inicia al día siguiente de la sesión de registro de candidaturas y tendrá una duración de 90 días.

Hay entonces un periodo de intercampaña que la norma contempla y durante el cual no deben hacerse acciones de proselitismo político, situación que generó muchas inconformidades y molestias principalmente entre los medios de difusión, pero también entre los partidos políticos que advirtieron ambigüedades en las disposiciones, por lo que el Consejo General del IFE hubo de sesionar y aprobar el acuerdo por el que se emitieron normas derivadas del Cofipe sobre actos anticipados de campaña durante el periodo que los medios denominaron de “veda electoral”.

Ante la contrariedad de partidos y medios, el consejero presidente del IFE puntualizó que la reglamentación de los actos anticipados de campaña es un requisito para dar equidad a las contiendas electorales y claridad a los actores políticos, en virtud a que el periodo de intercampaña no es un periodo para la competencia electoral.

El consejero presidente hizo énfasis en que durante la reforma electoral de 2007-2008 se tomaron en consideración dos cuestiones: evitar una exposición inequitativa en los medios electrónicos de comunicación que distorsionara las contiendas electorales, y que las campañas electorales fueran más cortas y por ende menos costosas.

El acuerdo del IFE aclaró que la ley dispone para el periodo de intercampaña, las plataformas electorales de los partidos políticos, la resolución de las posibles controversias internas de los partidos políticos y las coaliciones electorales en relación con sus candidaturas, y la fiscalización de los recursos invertidos en las precampañas, en tanto que se restringe el acceso a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos a los tiempos del Estado en radio y televisión, así como abstenerse de realizar actos anticipados de campaña como reuniones públicas, asambleas y marchas.

Ante las inconformidades de los representantes de radio y televisión, el IFE aclaró que la libertad de expresión de los precandidatos y candidatos, así como el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, estaba salvaguardado en todo momento, de tal forma que los medios de comunicación podrían realizar entrevistas y difundir notas periodísticas sobre los partidos políticos y coaliciones, pero se prohíbe la comercialización de tiempos en radio y televisión.

En este tiempo de veda electoral, que va del 16 de febrero al 29 de marzo, se permite que los partidos políticos puedan difundir propaganda política de carácter general y conforme a la ley, siempre y cuando no promuevan candidaturas ni soliciten el voto a su favor para la jornada electoral federal.

La veda electoral prevista por la ley y aclarada por el IFE, si bien ha inconformado a partidos políticos y a medios de comunicación -no por la restricción de la libertad de expresión, sino por la merma en sus ingresos-, a los ciudadanos en general les ha brindado un respiro ante el próximo bombardeo publicitario que a todas horas habrá de padecerse durante largos 90 días y por todos los medios posibles para vender a la colectividad, no las ideas o programas, sino la banalidad de las frases comunes de campaña y la estudiada y compuesta imagen -de algunos más que otros- de quienes aspiran a la silla presidencial.

Ante el periodo de prohibición electoral, sin embargo siempre hay quienes padecen la tortura de no publicitarse y buscan otros caminos para estar presentes en el imaginario colectivo, así sea entrando a la panadería aunque se salga sin conchas ni teleras, pero sí con el ánimo de desmentir presuntas dietas y anorexias para conservar el tipo.

Tampoco el presidente Calderón parece haberse conformado con la veda electoral, y así trascendió que en la reunión con los integrantes del Consejo Banamex habría comentado sobre presuntas encuestas que ubicaban a la candidata de su partido muy cerca del puntero en la carrera presidencial.

Claro está que ante los comentarios presidenciales las protestas no se hicieron esperar desde todos los ámbitos partidistas, de tal forma que los consejeros del IFE han hecho un llamado a todos los actores políticos, incluido el presidente, para actuar con responsabilidad en el actual proceso electoral. En tanto que el titular del Ejecutivo en aras de disipar el ambiente generado por sus comentarios, se ha reunido con el dirigente nacional del priísmo, a quien parece haber tranquilizado sobre su postura en estos comicios.

También con el presidente en turno de la Conago -el gobernador del estado de Querétaro-, el jefe del Ejecutivo se ha reunido, y ambos se han comprometido a que ni el presidente de la República ni los gobernadores de los estados meterán las manos en los comicios federales. Aquí vale recordar la frase de la dirigente magisterial que todos rechazan en público, pero que en privado muchos buscan: ¿ustedes les creen al presidente y a los gobernadores?

En fin, lástima que la veda electoral no sea de mayor duración, habrá de concluir a finales del presente marzo, por tanto hay que prepararse para el bombardeo electoral.

Hacía la Polarización Política

Hacia la polarización electoral

Columba Arias Solís

La ruta a la jornada electoral del próximo 1 de julio, luego de la designación de los candidatos que representarán a los distintos partidos en la contienda presidencial, ha comenzado a volverse muy sinuosa, habida cuenta la serie de desencuentros políticos entre dirigentes partidistas, principalmente del PRI, y autoridades del gobierno federal, incluido el propio titular del Ejecutivo, al que los opositores hacen reclamos de pretender intervenir en el proceso electoral utilizando a las instituciones, primordialmente a las de justicia, en contra de los adversarios políticos, así como con el cambio de autoridades en instituciones que tienen que ver con el buen desarrollo y transparencia del proceso electoral.

Febrero ha sido el mes del surgimiento de la polarización entre los partidos políticos contrarios y las autoridades del gobierno, que iniciara con la noticia publicada en un medio nacional sobre las acusaciones a tres ex gobernadores priístas del estado de Tamaulipas, a quienes presuntamente se les seguiría un proceso acusados de expropiaciones indebidas de inmuebles para luego venderlas a prestanombres vinculados al crimen organizado. Incluso se mencionó en los diarios que se habrían advertido a los aeropuertos alertas para impedir que los citados ex gobernadores salieran del país.

Pronto trascendería que nunca hubo tales alertas y por ende los gobernadores podían transitar libremente, asunto al que las autoridades resolvieron dando carpetazo y despidiendo a dos empleados menores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Caló hondo al priísmo el golpe mediático, por lo que en revancha solicitaron a la PGR la investigación de ex gobernadores panistas de Baja California, acusándolos prácticamente de los mismos delitos que a los tricolores.

En los mismos días y ante los rumores del cambio de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el presidente nacional del priísmo enviaba una misiva a la procuradora Marisela Morales, haciendo mención a que en los medios de comunicación se citaba la posible sustitución del titular de la FEPADE a pesar de que el proceso electoral se había iniciado desde octubre de 2011, por lo que consideraba sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpliera con los criterios de imparcialidad y legalidad inherentes a la institución.

En la misiva a la procuradora el dirigente tricolor manifestaba el interés de su instituto por conocer las causas de la remoción del fiscal, y argumentaba las suspicacias despertadas en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal para criminalizar el proceso electoral y favorecer al PAN, considerando inadmisible que la FEPADE se utilizara como instrumento para lo que denominó “persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno”.

Apenas entregada la comunicación anterior, se oficializa el nombramiento de Imelda Calvillo Tello como nueva titular de la FEPADE, ubicándola los medios como gente muy cercana al secretario García Luna, y ante lo cual el presidente del PRI considerara que era “una decisión arbitraria y francamente autoritaria”, exigiendo al presidente la explicación sobre la remoción de José Luis Vargas Valdez como fiscal.

La dirigencia tricolor criticaba el nombramiento, ya que la fiscal entrante carece -según manifestaron- de experiencia en materia electoral indispensable porque habrá de desempeñar una función clave para el desarrollo democrático de la elección, cuando el proceso electoral ya se encuentra en marcha.

A propósito de ese nombramiento, las descalificaciones de un lado y las justificaciones del otro fluyeron en un ir y venir comenzando a polarizar las posiciones partidistas. El PRI señaló tener elementos suficientes para suponer la remoción sin justificación del anterior titular, entre ellos la determinación del TEPJF de validar las elecciones para gobernador de Michoacán, por lo que consideraban que la remoción del fiscal se debió a que no aceptó presiones sobre este caso.

Al respecto, vale señalar que el 13 de diciembre de 2011 en un foro del Consejo de las Américas en Washington, DC, el entonces titular de la FEPADE señaló que las últimas siete elecciones estatales “se han conducido con normalidad democrática, incluida la elección a la gubernatura de Michoacán. Hasta la instancia que se ha llegado, es una elección que se puede considerar válida”.

En el comunicado del presidente priísta éste exige detener el debilitamiento de las instituciones del Estado, el cese del uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos electorales. En una entrevista, el dirigente recuerda que la intervención del gobierno en las elecciones de 2006 en favor de su partido llevó a la polarización y al conflicto post electoral del que apenas se está recuperando.

El siguiente episodio de la lucha electoral habrá de desarrollarse ante la FEPADE, luego de la denuncia presentada por el PRI contra la ex candidata al gobierno de Michoacán y hermana del presidente de la República, por la presunta utilización de recursos públicos para su candidatura. La ex candidata por su parte amaga con denunciar al adversario por la grabación ilícita de conversaciones, luego que se diera a conocer una plática donde presuntamente hablara de comprar votos para la elección interna del panismo en Michoacán.

Se antoja largo el camino de la campaña electoral que culminará el 1 de julio, y los ánimos se están caldeando muy temprano. Ni la veda electoral parece aplacar la animosidad política. En fin, ya se verá.

Un nuevo Gobierno

Un nuevo Gobierno

Columba Arias Solís

Al filo del tiempo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la madrugada del martes y luego de una larga sesión que iniciara la noche del lunes, resolvió por unanimidad de votos de los magistrados validar la elección del 13 de noviembre y reconocer el triunfo del gobernador electo Fausto Vallejo, al resolver los juicios promovidos por el PAN y el PRD en contra de la declaratoria de validez de la elección de gobernador determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Larga habrá sido tanto para el gobernador electo como para la militancia tricolor la espera para conocer el veredicto -tres meses de litigios en los tribunales electorales-, periodo sembrado de sospechas, de rumores de intervenciones oficiales para torcer la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas.

La previa anulación de los comicios municipales de Morelia bajo los mismos argumentos expresados en la impugnación a la elección estatal, hacían temer que se correría la misma suerte, generándose incertidumbre no sólo en la militancia, sino en la ciudadanía en general.

Luego de días ayunos de noticias, la publicación en la página electrónica del Tribunal del proyecto de sentencia que confirmaba la declaratoria de legalidad y validez de la elección y de gobernador electo devolvió los ánimos a los tricolores.

Haciendo suponer que pronto resolverían al respecto, sin embargo previsto para resolverse en la sesión del miércoles 8, el tema es retirado de la agenda del día y de nueva cuenta el alma se escapa del cuerpo y retornan los rumores y comentarios que van y vienen en distintas direcciones, manteniendo en vilo a tirios y troyanos.

Por fin los integrante de la Sala Superior del Tribunal parecen condolerse de los michoacanos, decidiendo atender y resolver el expediente sobre la validez de las elecciones, y se conoce que dicho y esperado evento acontecerá en la sesión convocada para las 20:00 horas del lunes 13 de febrero, por lo que interesados y no se mantienen a la expectativa de lo que los doctos magistrados habrían de resolver luego de seis horas de sesudas deliberaciones donde los argumentos se lanzaban de un magistrado al otro, hasta que venturosamente se apiadaron de los michoacanos y decidieron por unanimidad validar el triunfo electoral de quien ganó en las urnas.

Así, luego de recorrer el largo camino de las impugnaciones, el 14 de febrero, apenas unas horas antes de protestar su cargo, recibe el gobernador electo la constancia de validez de la elección como gobernador durante la sesión que para tal efecto convocara el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Evento en el cual el nuevo gobernante en su primer mensaje anunció llegado el momento de voltear la página, “no registro agravio”, dijo, “lo que sigue es trabajar juntos para generar reconciliación, paz, concordia y gobernabilidad”.

Dadas las condiciones que prevalecen en el país en general y en el estado en particular, pareciera que el gobernador electo compró boleto para la rifa del tigre y se lo sacó, y ahora y durante los próximos tres años y siete meses tendrá que preocuparse y ocuparse de atender y resolver la compleja problemática que viene con el premio que se ganó.

Virtud a la tan criticada decisión de aquella Legislatura que en su tiempo pretendiera dejar un gobernador a modo -cosa que por fortuna la Corte impidió- y aprobara las reformas para modificar el calendario electoral de Michoacán, el gobierno que este 15 de febrero inició apenas durará en su encargo un lapso menor a los cuatro años, tiempo que parece demasiado corto para que el equipo de gobierno entrante pueda resolver los problemas que aquejan al estado y cumpla con los compromisos que se asumieran a lo largo de la campaña electoral.

El nuevo gobernante ha presentado al grupo de colaboradores del primer nivel que lo acompañarán en su etapa de gobierno, la mayoría de los cuales han tenido experiencias administrativas y son conocidos en Michoacán, mientras que los titulares de Seguridad y Finanzas son personajes absolutamente ajenos al estado.

Los nombramientos de los nuevos secretarios han desatado las especulaciones en los diferentes medios, comentándose que algunos de los nombrados son posiciones que el nuevo titular del Ejecutivo otorgó a ciertos ex gobernadores michoacanos, y que en el caso del responsable de seguridad, es una concesión a la Presidencia y un mensaje de que en esa materia se irá por el mismo camino en aras de revitalizar la relación con el presidente, propósito que el nuevo gobernador ya anunciara en su mensaje político del 15 en el Teatro Morelos.

A partir de este 15 de febrero ha entrado en funciones un nuevo gobierno en Michoacán, cuyo titular ha convocado a un “gran acuerdo para construir un Michoacán próspero y en paz”. Ojalá que a los deseos y palabras trasciendan los hechos en beneficio de todas y todos los michoacanos. Ya se verá.

Candidaturas definidas

Candidaturas definidas

Columba Arias Solís

Jueves 9 de Febrero de 2012

Con la jornada electoral realizada el pasado domingo, Acción Nacional -luego de varios meses de precampaña informal y luego formal-, a través de elección directa de su militancia, definió por fin su candidatura a la Presidencia de la República, misma que como es sabido ganó la diputada con licencia Josefina Vázquez Mota, derrotando en toda línea al favorito de la Presidencia, el ex secretario de Hacienda, en tanto que muy rezagado quedó quien fuera el titular de Gobernación en el gobierno foxista y que por segunda vez pretendiera la candidatura del blanquiazul a la titularidad del Ejecutivo Federal.


De acuerdo a lo estipulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el proceso electoral rumbo a las elecciones de julio de este año dio inicio en el mes de octubre del pasado 2011, y concluirá con el dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.


Atendiendo lo dispuesto en el artículo 211 del Cofipe, las precampañas debieron dar inicio en la tercera semana del mes de diciembre, sin embargo como fue del dominio público, los suspirantes del partido en el poder con mucha anticipación, claro, sin aceptar sus aspiraciones a la candidatura presidencial, se anduvieron placeando por todo el país, buscando ser reconocidas por la militancia de su partido, de tal forma que la tardanza en la elección de candidato pareció ser más una estrategia para posicionar a los aspirantes, que un problema para la toma de decisión a favor de alguno.


A no pocos sorprendió la rispidez que fue tomando la competencia electoral interna de los panistas, principalmente entre la diputada y el ex secretario de Hacienda, poniéndose en práctica los viejos usos y costumbres anteriormente combatidos y que ahora han adquirido cotidianeidad en los procesos electorales, sin distingo de color partidista: uso de recursos públicos, coacción del voto, compra de votos, guerra sucia y espionaje.


Todas estas malas prácticas que además son constitutivas de delitos electorales fueron denunciadas a su vez por cada uno de los contendientes, acusándose unos a otros de la utilización de estos mecanismos irregulares para allegarse votos en la jornada electoral del pasado día 5.


Quienes esperaban una cerrada votación entre el delfín presidencial y la diputada con licencia no dejaron de sorprenderse ante la amplia ventaja obtenida por la ganadora sobre su contrincante, lo que para algunos observadores significó que tuvo más fuerza el apoyo de los gobernadores a Vázquez Mota que la influencia presidencial.


Luego de darse a conocer oficialmente los resultados de la elección, los contrincantes perdedores tuvieron que posar ante los medios y ensayar las sonrisas para levantarle el brazo a la triunfadora, quien en un emocionado y largo discurso fue generosa en los halagos hacia sus rivales internos, reconociendo también su afecto personal a la pareja presidencial -Fox decía- que unos minutos antes de la declaratoria triunfal había estado para felicitar a la ganadora.


Con el triunfo en la elección dominical de Josefina Vázquez Mota queda completa la tercia de candidatos que contenderá por la Presidencia del país, como se sabe Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador por las fuerzas de la izquierda, aunque la dirigente real del Partido Nueva Alianza luego de su ruptura con el PRI habría señalado que también tendrían su propio candidato presidencial. Los tres o los cuatro candidatos deberán ser registrados entre el 15 de febrero y 22 de marzo, según lo dispone el Código, y podrán iniciar la campaña a partir del día siguiente de la sesión de registro de candidaturas, campaña que tendrá una duración de 90 días, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.



El caso Michoacán


No obstante que desde hace días fue subido a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el anteproyecto de dictamen sobre las impugnaciones presentadas por el Partido Acción Nacional y el PRD, quienes buscan que se anulen las elecciones a gobernador del pasado 13 de noviembre, dicho proyecto no ha sido puesto al análisis y discusión, y posterior votación por parte de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal, de modo tal que todavía el reconocimiento del triunfo del gobernador electo sigue en veremos.


Más aún, este miércoles pasado en que se esperaba que el mencionado proyecto fuera por fin discutido por los magistrados, el documento fue retirado de la agenda del día, haciendo crecer el sospechosismo sobre las presiones a los magistrados, y más bien se aprobó la concurrencia de la elección extraordinaria municipal de Morelia con las elecciones federales a efectuarse el primero de julio.


Escasos días quedan para que se efectúe el cambio de gobierno, por lo que es deseable no se retarde más la decisión del Tribunal para terminar de una vez con la incertidumbre que esta situación ha generado, como deseable también que ratificado el triunfo no pese sobre el gobernante la inquina presidencial por el bien de Michoacán, por el bien de los michoacanos.

La CFC, la Cofetel y los monopolios

La CFC, la Cofetel y los monopolios

Columba Arias Solís

El pasado miércoles, la Comisión Federal de Competencia (CFC) en una accidentada visita entregó la notificación al grupo Iusacell sobre el resultado de la solicitud que las empresas Televisa y TV Azteca presentaron para la adquisición, por parte de la primera, del paquete accionario de Iusacell perteneciente al grupo de Salinas y el que comprende Total Play, proveedor de televisión de paga, internet y telefonía fija. El resolutivo de la CFC niega el permiso para constituir la alianza entre los poderosos grupos empresariales.

La Comisión Federal de Competencia es la institución creada por la ley del mismo nombre, para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir -de acuerdo a lo señalado en las páginas de la Comisión- al bienestar de la sociedad, por tanto y de acuerdo a la norma es la autoridad encargada de aplicar la Ley Federal de Competencia , por ende le correspondió intervenir en el asunto de la solicitud de la fusión.

A partir de la solicitud que Iusacell hizo para la concentración con Televisa, la CFC estuvo en el ojo del huracán, sometidos sus integrantes a fuertes presiones dados los millonarios intereses de las empresas solicitantes, que hicieron sospechar a muchos sobre las influencias que se movían para dirigir el ánimo de los comisionados a favor de la concentración, ya que a través de ésta Televisa ingresaría al codiciado mercado de telefonía móvil, el cual ocupa dentro del PIB de las telecomunicaciones el 49.8 por ciento, y la empresa de Azcárraga se consolidaría como el tercer operador de telefonía móvil. Además de convertirse en el primer proveedor de servicios de cuádruple play.

Para fundamentar su resolutivo, la CFC analizó dos mercados para esta operación: El llamado mercado relevante que está conformado por diversos segmentos del ámbito de telecomunicaciones, tales como la telefonía móvil, internet de banda ancha y televisión de paga; y el mercado relacionado que tiene que ver con la televisión abierta, la publicidad y los contenidos, determinando que en el mercado relevante la posible alianza podía ser pro competitiva en telefonía móvil e internet de banda ancha, mas no en el segmento de televisión de paga, donde Televisa tiene el control de varias cableras y el grupo Salinas cuenta con la filial Total Play. También la CFC consideró que en el llamado mercado relacionado, la alianza tendría efectos anticompetitivos por las posibles acciones de Televisa y Grupo Salinas para desplazar a sus competidores.

Sin embargo los dos grandes corporativos no están dispuestos a asumir la negativa de la Comisión para su alianza, han anunciado que interpondrán un recurso de reconsideración sobre el fallo.

En el mismo tema de las telecomunicaciones, la Cofetel, el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e institución encargada de regular las telecomunicaciones en México -el cual se debate entre la controversia y la falta de transparencia-, la semana pasada decidió no someter a votación de sus integrantes los proyectos de licitación para una tercera cadena de televisión, así como el de digitalización de señales televisivas, es decir, cierra la puerta al menos temporalmente a la posibilidad de que aparezcan más empresas de televisión abierta.

Corresponde a la Cofetel regular las redes de telecomunicación y los servicios relacionados: locales y de larga distancia fijos y móviles, comunicaciones satelitales, señales de televisión y audio pagados e interconexiones internacionales, por tanto es competencia de este organismo elaborar los proyectos de licitación para nuevas cadenas televisivas, y durante varios meses estuvo generando expectativas sobre nuevas concesiones televisivas, sin embargo en la sesión del 25 de enero se resuelve no sólo aplazar la votación del proyecto, sino además que éste no sea integrado en la agenda de las próximas sesiones, ya que no se definió fecha alguna para analizar el tema de nueva cuenta.

Lo anterior es lo que a través de un comunicado el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, hace del conocimiento público, empero los cuatro comisionados saldrían a desmentir al presidente, manifestando que era falso que hubieran decidido congelar o aplazar en forma definitiva la resolución del concesionamiento de televisión abierta.

La cuestión es que no es un secreto los desencuentros entre los comisionados de la Cofetel y su presidente, cosa que ha provocado contradicciones que van más allá de las normales diferencias de opinión y puntos de vista entre ellos, sino que han desbordado la institución en perjuicio de la población al suspender las licitaciones y detener el surgimiento de más empresas de televisión.

No obstante que la Ley Federal de Radio y Televisión establece que la Cofetel es el organismo que debe expedir el programa de concesionamiento, la convocatoria y las bases, sin requerir la intervención de ninguna otra autoridad, a contrapelo de lo dicho por el presidente de que “necesitan coordinarse con otros Poderes de la Unión e instancias gubernamentales”, parece que será el Poder Judicial quien determinará la política pública que le corresponde a la Comisión. Por lo pronto los monopolios televisivos se siguen destornillando de risa, muy de plácemes porque no habrá competencia a la vista.

Sobre la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Sobre la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Columba Arias Solís

El pasado día 15 fue promulgada la Ley de Asociaciones Público-Privadas que el Congreso de la Unión aprobara en el mes de diciembre, y a través de la cual se otorga un marco jurídico a la participación de los capitales privados en proyectos del gobierno federal.

Desde el mes de noviembre de 2009 fue enviada por el presidente de la República la iniciativa de dicha ley a la Cámara de Diputados, formando parte de un paquete de reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, sin embargo durante dos años los legisladores no se mostraron favorables a la aprobación de la iniciativa, e incluso el pasado año ya en la discusión en comisiones fue frenada por legisladores del Partido del Trabajo y del PRD, quienes observaban con desconfianza la iniciativa presidencial. En diciembre el Senado recibió la iniciativa de la Cámara de Diputados y procedió a la aprobación de la minuta sin realizarle ninguna modificación.

Los legisladores que aprobaron la nueva ley consideraron que ésta será un instrumento “moderno para el crecimiento económico nacional”, empero los diputados que se manifestaron en contra del ordenamiento coincidieron en señalar que su voto en contra se debía a que beneficiaría “núcleos de inversionistas que tienen contactos con el grupo en el poder, y sólo servirá para profundizar la desigualdad social”.

Desde luego, además del Ejecutivo, quienes más se han mostrado entusiasmados con la Ley de Asociaciones Público-Privadas han sido las agrupaciones de la iniciativa privada, considerando que en el sistema financiero mexicano hay recursos privados disponibles de inversión -según dijeron- de varios millones de pesos para ejercerse a través del mecanismo de coinversión. Con la nueva ley consideran que el gobierno podrá capitalizar los recursos de los particulares en obras como hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aerotransportes y cuantos proyectos de desarrollo se requieran, en tanto que el gobierno podrá destinar más recursos públicos a programas sociales de alta rentabilidad.

Así, a través de esta ley se formalizan las asociaciones de la administración pública federal con los particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos que se refieren a la construcción de infraestructura mediante los esquemas de financiamiento diferentes a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.

Si bien para los defensores de la ley, lo que ésta busca es “potencializar la capacidad del Estado para desarrollar infraestructura y oferta de servicios a los ciudadanos a través de incorporar dinero privado en proyectos públicos, hay otras voces que desde el ámbito jurídico consideran innecesaria la mencionada ley, toda vez que, según aprecian Daniel Márquez y Jorge Witker del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jurídicamente la figura de la participación del sector privado ya estaba contemplada en la Ley de Planeación del artículo 26 constitucional, con los llamados Acuerdos de Concertación, los cuales son convenios de municipios, entidades federativas, Federación o entidades paraestatales con el sector privado, para -de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo- cumplir tareas en concreto.

Abundando en la opinión de Witker de que los proyectos de prestación de servicios ya funcionan en México desde hace bastante tiempo, el funcionario del Banco Interamericano, Steven Puig, señala también que la ley no era necesaria para hacer proyectos de prestación de servicios o concesiones porque “pueden hacerse con la ley que existe. En México desde hace diez años o más se está creciendo en proyectos públicos-privados”. Más bien, considera el funcionario, el significado de la aprobación de la ley es el de enviar una señal al mercado.

Mientras unos se alegran, otros se preocupan, y así algunos legisladores advierten que en la Ley de Asociaciones Público-Privadas se ha diseñado un mecanismo de expropiaciones que afectará a ejidatarios y comuneros que estarán en riesgo de perder sus propiedades cuando un proyecto así lo requiera.

De cualquier forma, la nueva ley no podrá aplicarse hasta en tanto se emita el reglamento que la misma establece en sus artículos transitorios.

OTRO AÑO DIFÍCIL

OTRO AÑO DIFÍCIL

Columba Arias Solís

Las noticias sobre los asuntos económicos y políticos sucedidos y por suceder en el país, auguran que este 2012 será como lo fue el pasado, un año por demás difícil y complicado para el grueso de la población. Otra vez el escaso crecimiento económico, el aumento del desempleo, el incremento de todos los productos, empezando por la gasolina que de acuerdo con lo aprobado por los diputados continuará mensualmente con los aumentos durante todo el año –el sábado anterior se estrenó el año con el primero- y hasta los próximos tres. Consecuentemente los demás servicios incrementarán su costo y ni se diga de los alimentos, algunos pertenecientes a la que en su tiempo fue conocida como  canasta básica, pero cuyos productos desde hace años quedaron fuera del alcance de grandes sectores de la población.

Desde diferentes ámbitos de la población se han elevado voces de inconformidad con los gasolinazos, advirtiendo sobre el lastre que representan esos incrementos para el crecimiento de las empresas, puesto que  ahuyentan la inversión para la generación de empleos y desatan los aumentos a otros productos y servicios.

Esta semana la Organización de Naciones Unidas hace el anuncio sobre la próxima recesión económica que amenaza al mundo, debida principalmente a la deuda soberana de Europa, a las medidas de austeridad aplicadas y por aplicarse, y al aumento del desempleo, de tal modo que el crecimiento del Producto Interno Bruto mundial anunciado para este año será menor de lo previsto y todavía más reducido para el 2013.

De acuerdo con el documento emitido por la ONU, las economías desarrolladas están en el inicio de una espiral que las llevará cuesta abajo  a causa de la dichosa deuda soberana, a que los sectores bancarios son muy  frágiles, a la débil demanda agregada -que tiene que ver con el alto desempleo y con las medidas de las autoridades fiscales- y a la parálisis causada por estancamientos políticos y dificultades institucionales.

Advierte el organismo sobre la posibilidad de que la crisis de la deuda afecte a todas las grandes economías de Europa, provocando la contracción del crédito en el mundo y hasta una eventual caída de las bolsas, a esto se agregaría el conflicto político entre demócratas y republicanos en Estados Unidos por el presupuesto, lo que podría ocasionar medidas que afectarían al mercado de la vivienda y nuevos riesgos para el sector bancario.

La hambruna desatada en la sierra tarahumara y de la cual dan cuenta los diferentes medios, impacta a ciudadanos de este y de otros países que así se enteran que en distintos poblados de la sierra de Chihuahua, rarámuris y otras etnias afrontan condiciones terribles de pobreza, sequías, deforestación y violencia.

Las consecuencias del cambio climático entre ellas la  falta de lluvias, el invierno más severo de muchos años y la sequía arrasadora, como plagas apocalípticas han asolado a miles de familias de aquella región del estado norteño que se han visto seriamente afectadas por la hambruna.

Ciertamente no es la primera vez que trascienden las dificultades por las que atraviesan las poblaciones asentadas en la sierra de aquel estado. Al olvido de  varios gobiernos, y a las consecuencias de los cambios climáticos, se suman ahora las acciones de violencia  que han llegado con grupos de la delincuencia organizada y que impiden el acceso de apoyos a las poblaciones.

 Por fortuna, la solidaridad de los nacionales y de ciudadanos y organizaciones de otros países se ha hecho sentir a través del acopio de alimentos y de donativos que sin duda ayudarán a superar la etapa de crisis, empero hacen falta las acciones de fondo que los distintos niveles de gobierno están obligados a realizar con vistas a resolver de fondo las condiciones de aquellos mexicanos.

Resulta inaudito que a estas alturas, en este siglo y mientras los gobiernos farolean en otros países, existan  en el nuestro  poblaciones donde la hambruna se enseñorea, causando desnutrición y enfermedades y en ocasiones hasta la muerte.  

En el país en general el panorama no parece nada halagador en el año que apenas lleva unos días.  Michoacán  se encuentra en ese mismo contexto y con su problemática particular, entre las preocupaciones por la falta de recursos, las presiones de sectores y grupos para obtenerlos, y los resultados de las elecciones de noviembre pasado que se han transformado en episodios de una película de suspenso: el triunfo tricolor, un recuento de voto por voto en la capital, la confirmación del triunfo, la anulación de una elección con argumentación que no convence; nuevas elecciones para la capital, la impugnación de la otra, la confirmación del triunfo por un Tribunal, otra vez la impugnación, y la moneda sigue en el aire. Los michoacanos ¿qué tendremos que hacer?

Ajustando cuentas

Columba Arias Solís

Jueves 12 de Enero de 2012

A dos meses de haberse realizado las elecciones locales en Michoacán, luego la sorpresiva anulación y revocación del triunfo del Ayuntamiento moreliano, y con las dudas respecto a si la elección a gobernador correrá la misma suerte, dentro de los partidos que no resultaron ganadores en la contienda por la gubernatura, los ajustes de cuentas internos comienzan a trascender a los espacios mediáticos y a conocerse los disensos entre los principales actores de esos institutos políticos. En el Partido de la Revolución Democrática, tan acostumbrado a la estridencia pública, a la publicitación de sus diferencias internas en los reflectores mediáticos, ha comenzado el análisis de resultados electorales como tanto les gusta: en las planas de los periódicos, donde el reparto de culpas, reproches y descalificaciones es el común denominador. Desde hace varios años quienes se asumen con presencia o liderazgo -o hasta sin tenerlos- en el perredismo, iniciaron la costumbre de aparecer en los medios para dar a conocer, dirimir o acentuar sus diferencias políticas. El tiempo ha transcurrido, pero las prácticas no, según se advierte en las notas que dan a conocer las declaraciones del ex candidato a gobernador y que han generado respuestas a plana entera en los periódicos de la capital. En una larga entrevista concedida a un diario de la capital michoacana, el senador señala entre las causas internas que incidieron para su derrota en el reciente proceso electoral, la falta de operatividad de un partido “aburguesado y burocratizado”, “cuyo presidente se convirtió en un integrante más del gabinete”, “con una estructura territorial desarticulada en al menos 70 por ciento de los municipios”, según dijo; la no integración de ciertos liderazgos o grupos a la campaña o quienes solamente aparecieron ante la presencia del ingeniero Cárdenas, hasta la traición de alguno de estos líderes, quien organizara reuniones de apoyo pero a la candidata del partido adversario, doliéndose además de lo que ha considerado falta de apoyo del titular del Ejecutivo michoacano, quien según su decir “se tardó en tomar una determinación de ‘adeveras’”. Los señalamientos del ex candidato del perredismo prontamente serían contestados y rebatidos por integrantes del grupo político mayoritario en el sol azteca, quienes señalan como causantes de la derrota del candidato de su partido, entre otras consideraciones, el cuestionamiento permanente de los partidos que postularon al candidato por su falta de proyecto y propuesta, así como el tercer lugar en las encuestas que nunca remontó, además del menosprecio del ex candidato a la organización y acción de los partidos que lo postularon. Seguramente en los días por venir otros actores de ese partido terciarán en la polémica desatada por el senador y lloverán las declaraciones y cuestionamientos en los diferentes medios. Sin embargo, más allá de la pirotecnia verbal entre el perredismo, se hace indispensable un verdadero análisis y autocrítica de quienes han tenido los cargos protagónicos y de toma de decisiones en ese instituto, para que se conozcan o se determinen las causas y la responsabilidad de cada quien en los resultados del pasado 13 de noviembre, claro, esto suena a imposible toda vez que como es sabido, las derrotas siempre son huérfanas y nunca se encuentran responsables de esa orfandad. Empero, para afrontar los nuevos procesos, especialmente en los partidos donde no se obtuvieron los resultados electorales esperados, resulta imperiosa la seriedad en el estudio de las fallas y la aplicación de las medidas correctivas, más allá de los ajustes de cuentas personales. En el lado de Acción Nacional, prácticamente sin ninguna estridencia, más bien en el contexto aquel de que la ropa sucia se lava en casa, los ajustes también se han venido sucediendo y el primer damnificado ha resultado ser el ex dirigente del partido en el estado, a quien le pidieron su dimisión y según se dice, ocupará algún cargo menor en una secretaría, bajo el cobijo de un conocido michoacano. En cuanto a las inconformidades generadas por la designación de regidoras en el nuevo Ayuntamiento, debidas a su escasa temporalidad de militantes en el blanquiazul, aunque cercanas a uno de los principales liderazgos, éstas han sido procesadas sin que transcurrieran mayores protestas. Otro de los afectados con los ajustes en su partido, el ex candidato a la presidencia de Morelia, sabedor de que difícilmente se le permitiría volver a ser el candidato a la presidencia de la capital, dados los antecedentes de cómo llegó a la candidatura en la pasada elección, de su no pertenencia al equipo que toma las decisiones, y de los resultados obtenidos en Morelia por la ex candidata a gobernadora, a quien el senador superó en varios miles de votos, mejor se ha reintegrado al Senado y no parece que intentará ir ni por la municipal, ni mucho menos -en el caso de que se anulara la elección a gobernador- volver a disputar la candidatura a ese cargo, no obstante que el panismo tiene puestas todas las esperanzas y oraciones a san Felipe para que vuelva a ocurrir el milagro de Morelia. Ya se verá.

La cuesta electoral

La cuesta electoral

Columba Arias Solís

Jueves 5 de Enero de 2012

La cuesta de enero se le anticipó al priísmo con el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya Sala Regional con sede en Toluca el pasado 28 de diciembre revocara la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio de inconformidad presentado por el PAN, y decretara la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de Morelia, celebrada el 13 de noviembre del pasado 2011. Doce fueron los agravios expuestos en el juicio de revisión constitucional, de los cuales según el propio Tribunal únicamente se demostraron dos en plenitud de jurisdicción, los relativos a los temas de la transmisión por televisión por cable del cierre de campaña de los partidos Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista, y la transmisión en televisión abierta de propaganda política en periodo prohibido por la ley a favor del Partido Revolucionario Institucional, como fue considerada la exhibición en el calzoncillo del boxeador mexicano del logotipo del tricolor. La resolución del Tribunal sorprendió a muchos, y un velo de sospechosismo comenzó a extenderse por todos lados, ante los criterios utilizados por el Tribunal para fundamentar la nulidad con elementos probatorios que algunos especialistas consideran subjetivos e imposibles de cuantificar en la trascendencia o influencia en los resultados electorales, mientras que para otros el falló careció de proporcionalidad jurídica, entendida ésta como la relación lógica entre la magnitud de la falta y la magnitud de la sanción, aunque también pareciera que la sentencia de nulidad ha sancionado la intencionalidad, con la mira de sentar precedente para las futuras elecciones. El fallo anulando la elección municipal no solamente afecta al ganador de la contienda y a su instituto político, de alguna forma también ha causado problemas en los demás actores políticos y en sus partidos, toda vez que apenas entrando al proceso electoral federal cuando en el ámbito interno de cada partido no se han definido las candidaturas a las diputaciones y senadurías, deben enfocar sus esfuerzos de nueva cuenta en la designación de candidato o candidata a encabezar el Ayuntamiento, así como de los demás integrantes que participarán en las elecciones extraordinarias a que habrá de convocar el Instituto Electoral de Michoacán. Curiosamente, tal vez el único que no tenga problema para la definición a la presidencia de la capital es precisamente el Revolucionario Institucional, ya que todo apunta a que repetirán candidato dado que con el mismo triunfaron en la elección anulada y no tendrían por qué arriesgar con otra candidatura, además claro de la solidaridad y apoyo que le deben su dirigencia y sus correligionarios. En el Partido Acción Nacional es quizá donde podrían estar teniendo problemas para encontrar el candidato idóneo a encabezar la planilla municipal que represente a ese partido en las extraordinarias, toda vez que -de acuerdo a lo que ha trascendido en los medios- no hay coincidencia para que el senador vuelva a repetir en la candidatura, por el contrario, se habla de que los dirigentes morales y formales del blanquiazul estarían totalmente en contra de aquel, habida cuenta los resultados, que aunque fueron sumamente reñidos con el priísmo en la capital y la diferencia de votos fue escasa entre el ganador y el segundo lugar, no dio los mismos resultados con su candidata a gobernadora, la cual perdió en Morelia con una diferencia de varios miles de votos, lo que refleja -argumentan los malquerientes del senador- las negociaciones para que el cruce de votos fuera favorable a éste. Si a lo anterior se agregan las insuperables diferencias entre el senador y la ex candidata al gobierno que propiciaron campañas separadas en el reciente proceso electoral, no se entendería por qué quienes deciden en el blanquiazul apoyarían la candidatura del derrotado senador. Así las cosas, en Acción Nacional comienzan a barajarse distintos nombres, alguno de los cuales en su momento también fue beneficiario de la negociación para el cruce de votos en la capital moreliana. Habida cuenta los pasados resultados, parece ser que la disputa real en las próximas extraordinarias municipales habrá de darse entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, quienes en los últimos 20 años y con los mismos personajes se han turnado la alcaldía moreliana, si bien, al priísmo le ha tocado ganar más veces.

Entre discriminaciones y anulaciones

Entre discriminaciones y anulaciones Columba Arias Solís Jueves 29 de Diciembre de 2011 Los michoacanos estamos despidiendo el año 2011 entre los escándalos suscitados por las palabras discriminatorias expresadas por un funcionario menor de la administración pública federal en el estado, quien en las redes sociales manifestara cierto desprecio hacia las mujeres indígenas a causa -según manifestara- de los malos olores, y a quienes le correspondía atender dentro de los programas de la dependencia donde prestaba sus servicios, y por el sorpresivo -para muchos- resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anula la elección de la capital michoacana. Ciertamente no es ninguna novedad encontrar frases discriminatorias y en muchas ocasiones ofensivas hacia determinados sectores de la población, México no se distingue precisamente por la tolerancia que su población tiene hacia aquellas personas con situaciones de discapacidad, de diversidad sexual, de pertenencia a poblaciones indígenas o de pobreza en general. Por desgracia, en los estudios y encuestas que año con año se realizan para medir el tema de la discriminación, nuestro país tiene altos porcentajes en los niveles de intolerancia e incluso maltrato a las personas anteriormente mencionadas, y Michoacán no se distingue por sus avances en este aspecto, como en distintos foros lo han hecho del conocimiento público el incansable Gerardo Herrera y su Grupo de Facto Diversidad Sexual, quienes se han dado a la tarea de trabajar para combatir cualquier tipo de discriminación, allegando propuestas ante las diversas instituciones. Mucha gente en esta sociedad suele hacer referencias desdeñosas sobre las personas, comentarios que van desde el color de piel, su pertenencia a ciertos sectores o por estar inmersas en la pobreza, sin embargo esos comentarios discriminatorios no trascienden de sus círculos, excepto en ciertos casos como el referido, en que se pierde de vista que en las redes sociales no hay ningún secreto y se divulga cualquier comentario con la rapidez de la tecleada, como le ha ocurrido al funcionario discriminador. Desde luego, al trascender la opinión del susodicho ahora ex funcionario, desde diversos ámbitos surgieron las voces críticas contra la actitud discriminadora de aquel, empero además de la censura hacia la deleznable actitud del sujeto, es indispensable que todas las instituciones públicas asuman programas que eduquen en la equidad, la tolerancia y la igualdad, y contra cualquier tipo de discriminación. Otro escándalo con el que cerramos este año ha sido la anulación de las elecciones municipales de Morelia, a través del fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el cual ha sorprendido a tirios y troyanos, considerándolo en primera instancia una broma con motivo del Día de los Inocentes. Sin embargo, por más pesado que resulta para los afectados, no se trata de ninguna broma, es la determinación, por cierto bastante cuestionada, de la Sala Regional con sede en la ciudad de Toluca del Tribunal Electoral federal, que en una decisión dividida de dos votos contra uno resolvió anular la elección del municipio de Morelia, tomando como fundamento dos de las doce impugnaciones que el Partido Acción Nacional presentara. Las dos impugnaciones con las cuales el Tribunal sustenta su fallo de anulación se refieren, una, al logotipo que del partido tricolor luciera el boxeador Juan Manuel Márquez en su pelea contra el filipino Manny Pacquiao, y que se sucediera un día antes de la elección michoacana; la otra razón, la aparición del candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia en un acto proselitista del candidato a gobernador del mismo partido, y que el Tribunal ha considerado fuera de los tiempos electorales permitidos. No obstante el golpazo que con el fallo les ha propinado el Tribunal, en el campo tricolor las reacciones han sido bastantes mesuradas, y aunque consideran “desproporcionada, injusta y equivocada” la resolución del Tribunal, han declarado su acatamiento a la misma. Claro, no han faltado las voces que en el mismo lado consideran que hubo intromisión presidencial en la determinación de anular las elecciones, como lo han declarado en la capital mexicana a los medios varios diputados y políticos del tricolor, quienes advierten que la presunta injerencia presidencial en esta anulación local se adivina para el proceso electoral de 2012. Algunos políticos se han apresurado a festinar la anulación, empero no parece haber muchos motivos para hacerlo y sí algunos para la preocupación, toda vez que los argumentos del Tribunal no parecen tener la solidez jurídica necesaria para sostener una anulación. Ya se verá.

Consejo completo

Consejo completo

Columba Arias Solís

Jueves 22 de Diciembre de 2011

Más de un año hubo de transcurrir para que finalmente la Cámara de Diputados hiciera la designación de los tres consejeros que hacían falta para completar la debida integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, nombramientos que recayeron en María Marván Laborde, Lorenzo Córdova Vianello y Sergio García Ramírez, quienes la semana pasada rindieron la protesta correspondiente ante el cuerpo legislativo. Como lo determina el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano superior de dirección, el cual tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la materia electoral, además de velar porque todas las acciones del instituto se realicen bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. No obstante que por determinación legal el Consejo General se integra por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, así como con los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos, además del secretario ejecutivo, durante trece meses el Consejo estuvo funcionando incompleto a causa de las discrepancias sostenidas entre los legisladores de los diversos partidos que no tuvieron voluntad para formar consensos sobre las ternas que las diferentes fracciones parlamentarias habían estado proponiendo. Habida cuenta que el Código Federal Electoral prevé que los consejeros electorales “serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios”, el proceso de designación permaneció entrampado en un círculo vicioso, puesto que la propuesta de la terna que realizara alguno de los partidos políticos, inmediatamente era rechazada por los otros, de tal forma que tuvo que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ordenara al Legislativo proceder a la realización de los nombramientos. El proceso para elegir a los nuevos consejeros había iniciado desde el 30 de septiembre de 2010 cuando los diputados emitieron la convocatoria para la renovación de los tres integrantes del consejo que sustituirían a Virgilio Andrade Caballero, Arturo Sánchez y Marco Antonio Gómez, quienes dejaron el cargo a finales del mes de octubre de 2010, empero la falta de consensos entre las distintas fracciones llevó hasta finales de este 2011 la designación de los nuevos consejeros. Sin embargo, no fue espontáneo el cumplimiento de la disposición legal, tuvo que ser el TEPJF quien al resolver la impugnación presentada por el diputado Jaime Cárdenas en contra de la omisión de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, ordenara “realizar todos los trámites pertinentes para nombrar a los tres consejeros del Instituto Federal Electoral”. Así, los magistrados determinaron por unanimidad que al ser el nombramiento de los consejeros electorales un acto administrativo y no legislativo, el TEPJF se encontraba legalmente facultado para resolver la queja del diputado Cárdenas, a quien también le concedieron personalidad jurídica para impugnar en su calidad de representante popular. El Tribunal resolvió: “Se requiere a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados proceda a celebrar los actos propios y necesarios tendientes a la designación de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, debiendo informar a esta Sala Superior respecto del cumplimiento que le dé a la misma”. Así también, el Tribunal consideró que no se ponía en duda la legalidad de los actos del IFE avalados por sólo seis consejeros, ya que según sostuvo, una cuestión es la integración óptima de un órgano y otra cosa el quórum legal con el que pueden funcionar. Venturosamente, para enfrentar el proceso electoral federal que se advierte muy complejo, los integrantes de la Cámara de Diputados acataron la disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y procedieron a la designación de los distinguidos académicos María Marván, Lorenzo Córdova y Sergio García Ramírez, los tres con los conocimientos, la capacidad y la experiencia indispensables para desempeñar la responsabilidad de sus cargos. Hay entonces Consejo Completo, y una difícil tarea por delante que pasa por la recuperación del prestigio de esa institución depositaria de la autoridad electoral, y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, cuya credibilidad quedó muy cuestionada durante el proceso electoral de 2006.

¿Anular las elecciones?

¿Anular las elecciones?

Columba Arias Solís

Viernes 16 de Diciembre de 2011

La semana pasada, a casi un mes de haber transcurrido los comicios michoacanos con los resultados que como es sabido -en el caso de la gubernatura- dieron el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Institucional, el presidente Felipe Calderón rompió el silencio guardado desde el 13 de noviembre, y en diversos actos y entrevistas acusó la injerencia de la delincuencia organizada en el reciente proceso electoral de su tierra de origen. Así, en el acto que su partido organizara en honor de quien fuera secretario de Gobernación, José Francisco Blake, el presidente preguntó: “¿a quién benefició la acción de los criminales y a quién perjudicó?”, y contestándose a sí mismo señaló: “Perjudicó al PAN, a sus mejores alcaldes, al mejor alcalde que hayamos tenido, y perjudica al pueblo de México”. Igualmente el presidente señaló que la pregunta de ¿a quién beneficia?, también tiene que ser respondida. Ante sus correligionarios panistas, el presidente hizo una especie de condena sobre lo que llamó el silencio cómplice en relación al desplegado publicado en La Piedad para amenazar a la población que votara por los candidatos postulados por el PAN, partido al que alertó de no quedarse callado ante tales hechos. El mandatario afirmó: “No podemos permitir que a quienes interesa decir que eso pasó así nomás, ganen y digan que aquí no pasó nada. Aquí sí está pasando algo muy grave, señores, que es la presencia del crimen organizado en las elecciones. Y nos dicen pruebas. Allí está la prueba: allí está el desplegado publicado a plana entera circulando a plena luz del día, en el periódico de mayor circulación”. Y siguió cuestionando el presidente: “¿Alguien quiere otra prueba más palmaria y más fehaciente? ¿Hay algún abogado que cuestione que esa sea prueba de la intervención del crimen organizado en las elecciones?”. Ante la clase política panista el titular del Ejecutivo Federal fue reiterativo: “Pienso que no podemos quedarnos callados, y lo digo en plural, pero como presidente de la República no puedo quedarme callado ante eso. He sido prudente, he tratado de ser sensato, pero no puedo quedarme callado ante algo grave que ocurre. Y le digo, le pido, y le exijo al PAN que tampoco se quede callado ante algo que ocurre tan gravemente en el país y también le digo al resto de los partidos que tampoco se deben quedar callados”. Sin duda, el presidente mexicano se demoró bastante en hacer referencia alguna a las elecciones michoacanas, y si bien para algunos analistas no ha sido sorpresiva la descalificación de la jornada electoral en estas tierras, dada la ausencia de la tradicional felicitación al candidato ganador, que en las demás elecciones siempre externó al triunfador, no deja de extrañar que hubiera de transcurrir prácticamente un mes para acusar la injerencia criminal en un proceso que en términos generales se desarrolló con normalidad, como lo reconocieron públicamente candidatos y partidos durante las campañas. En su catilinaria, el Ejecutivo Federal se pregunta a quién benefició la intervención criminal -en el caso del desplegado en el periódico de La Piedad- y la muerte de quien dijo ha sido el mejor alcalde del país. Aquí parece ser uno de esos casos en los que se escupe hacia arriba y quien lo hace se salpica, porque curiosamente el único beneficiario electoral resultó ser el Partido Acción Nacional, quien no solamente ganó la diputación distrital con cabecera en La Piedad y la alcaldía del mismo lugar, sino además y por primera vez, varios de los municipios cercanos como Zináparo, Puruándiro, Ecuandureo, Ixtlán, Tanhuato y Vista hermosa, municipios por cierto tradicionalmente ganados por el PRD, quien ahora entonces resulta ser el gran perjudicado de la presunta injerencia señalada por el presidente. A propósito de las palabras presidenciales, el pasado 8 de diciembre el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, manifestaba que “nosotros no tenemos información fehaciente sobre la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán”. Señaló el almirante que lo que conocía sobre el tema se refería a las mantas, rumores y acusaciones que se hicieron públicas, pero nada más. Es evidente que las declaraciones presidenciales van dirigidas hacia la anulación de las elecciones. En ese contexto, los distintos actores políticos deben urgir a las autoridades correspondientes para acelerar las investigaciones sobre el caso y deslindar responsabilidades para conocer los lugares de la presunta injerencia, y que el Tribunal califique si existió dicha intromisión y si fue determinante en los resultados de la elección. Revisar con minuciosidad todas las pruebas, a fin de saber si se acreditan las causales señaladas por la Ley de Justicia Electoral para los casos de nulidad de la elección. Si no las hay, todo quedará entonces en una estridencia electoral. Mientras tanto, es de esperar que el gobernador electo se encuentre estructurando el equipo de trabajo que lo habrá de acompañar en su periodo de gobierno, y que en verdad, como lo ha prometido, se trate de un gabinete donde prevalezcan las capacidades, la experiencia y la solidez que brinde confianza a la población michoacana, que sepa enfrentar y resolver la compleja problemática, más allá de las especulaciones que sobre interinatos se han desatado, algunas provenientes de sus propias filas.

Rumbo al 2012

Rumbo al 2012 Columba Arias Solís Jueves 1 de Diciembre de 2011 Sin mayores dificultades han quedado definidas las candidaturas a la Presidencia de la República en los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, cuestión que el primero resolvió a través de dos encuestas encargadas a diferentes empresas, cuyos resultados fueron en favor del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el segundo, con la declinación del coordinador de los senadores priístas, quien a través de una carta anunciara su declinación a la participación en la contienda interna por la postulación, permitiendo que el ex gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, llegara como único precandidato. Para sorpresa y desencanto de algunos, no hubo el rompimiento que desde distintos espacios, diversos personajes anunciaran ocurriría en el partido del sol azteca desde que se conociera el mecanismo con el cual se determinaría la candidatura a la Presidencia, y luego de esa suerte de cargada intelectual en favor de Marcelo Ebrard. En el lado tricolor, la puesta en escena donde la estrella desde hace varios años ha sido el ex gobernador Peña Nieto, no sufrió menoscabo, toda vez que el experimentado senador y aspirante también después de la jugada del dirigente partidista que modificó a conveniencia los acuerdos en torno a la convocatoria de su instituto, se dio por enterado del mensaje y se sumó a la unanimidad en torno del mexiquense. De los tres grandes partidos, solamente Acción Nacional no ha podido determinar quién de los aspirantes, que ya llevan un buen tiempo placeándose por el país en busca de adeptos a su causa, será el candidato de ese partido de entre los tres que contienden por dicha candidatura. No obstante que dentro de ese instituto se escuchan voces que demandan la declinación de alguno de los suspirantes, éstos no dan muestras de tener tal intención, de lo que se advierte que todos llegarán a la asamblea definitoria. Las cosas parecen habérseles complicado en el blanquiazul, de tal forma que el dirigente nacional ha comunicado al Instituto Federal Electoral que ampliará el plazo para el registro interno de precandidatos hasta el 15 de diciembre, tal vez con el ánimo de todavía lograr consensos que faciliten la elección o designación de su candidato o candidata. Con rumbo a las elecciones de 2012, el pasado lunes el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los convenios de coalición de los institutos políticos PRI-PVEM-Panal, cuya unión ha sido denominada “Compromiso por México”, así como de PRD-PT-Movimiento Ciudadano, que adoptaron el nombre de “Movimiento progresista”, los cuales participarán en las elecciones federales de 2012. En la sesión extraordinaria convocada para el registro de las coaliciones, las cuales fueron aprobadas en forma unánime por los consejeros del todavía incompleto Instituto Federal Electoral, surgieron las primeras discrepancias por los desacuerdos de los representantes de los partidos coaligados en el “Movimiento progresista”, a causa de las imprecisiones en el convenio de coalición signado por los participantes en la alianza “Compromiso por México”, a quienes han denunciado incongruencias entre la presentada coalición total en la contienda para la Presidencia de la República, al mismo tiempo que una parcial para el Congreso de la Unión, por considerar que ante esto no existe claridad en cuanto a la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión, como tampoco en las aportaciones económicas que tendrán para las campañas. La inconformidad que habrá de dirimirse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal -según advierten los representantes del “Movimiento progresista”- tiene que ver con más de un millón 380 mil spots en radio y televisión que corresponderían a la coalición PRI-PVEM-Panal, lo cual representa un 53.27 por ciento, incongruente con el 50.40 de la votación que entre todos los partidos de esa alianza tienen, por lo que de entrada les estarían reconociendo un 3.27 por ciento adicional que de no revisarse generaría una competencia inequitativa. Ya enfilados todos los partidos rumbo a las elecciones de 2012, la institución encargada de la organización del proceso continúa incompleta gracias a la partidización que del proceso para la designación de consejeros han hecho los diputados de las últimas legislaturas, quienes en lugar de perfiles de conocimientos, capacidad y experiencia han privilegiado las relaciones y la cercanía de ciertos personajes, lo que ha provocado el incumplimiento de la disposición constitucional por parte de los legisladores, dejando un Consejo General incompleto que enfrenta el formidable reto de devolverle la credibilidad perdida al árbitro electoral. Contra las Juanitas Anotación a favor de las mujeres la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que obliga a que las fórmulas de mayoría relativa se integren con mujeres. Con ello se evitarán las argucias como la del PVEM, que para cumplir con la cuota de género registrara mujeres como propietarias para hacerlas declinar en favor de los suplentes, hombres por supuesto.

Los Resultados (Parte II)

Los resultados (II)

Columba Arias Solís

Jueves 24 de Noviembre de 2011

Realizado el recuento de votos en los distritos y municipios de la entidad donde el estrecho margen obligara a la apertura de las urnas, los resultados que favorecieron al candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional no sufrieron modificación, por lo que el pasado domingo le fue entregada por las autoridades electorales la constancia respectiva que acredita su mayoría de votos en la elección de gobernador. El reciente proceso electoral ha quedado marcado por los enormes recursos económicos desplegados en las campañas, por la guerra sucia que como estrategia electoral fue utilizada por algunos partidos, llegando hasta la intromisión en la vida personal de ciertos contendientes, actitud por demás deleznable y cobarde, de la que desafortunadamente algunos medios se hicieron eco; por la omisión de las autoridades electorales que nunca advirtieron el derroche de recursos; por las decisiones pseudo salomónicas de la autoridad federal electoral resolviendo las quejas de los partidos, a todas las cuales calificaron de contener argumentaciones de frivolidad; y por último, por los señalamientos de la intervención en la jornada electoral de las fuerzas criminales. Como es sabido, en los días posteriores a la jornada electoral del 13 de noviembre, luego de las primeras reacciones de los candidatos que no fueron favorecidos con la mayoría de los votos, en el sentido de no reconocer el triunfo de su adversario, por las circunstancias que según señalaron fueron de la coacción y compra de los votos, a la amenaza del crimen organizado, empero la candidata del blanquiazul -quizás más a fuerzas que de ganas- habría de reconocer los resultados, apremiando al ganador para que no se rindiera ante el crimen organizado, el que -desde su perspectiva- habría de pasarle la factura por el supuesto apoyo, en cuanto tomara posesión de la gubernatura. En ese mismo tenor el presidente nacional del PRD, en declaraciones vertidas al periódico Cambio manifestó que “los señalamientos del vínculo de la delincuencia organizada con el PRI ya los habían planteado al ex secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y que también se habían reunido con el comandante de la XXI Zona Militar para plantearle la preocupación sobre el tema, pero no funcionó el Protocolo de Seguridad”. Desde luego la sombra de la sospecha de esa suerte de beso del diablo al futuro gobernador, vertida principalmente por la candidata de Acción Nacional, pero secundada por el candidato del perredismo y el presidente nacional de su partido, ha empañado el triunfo tricolor, generando incomodidades y preocupaciones en ese entorno, más todavía con las declaraciones del secretario de Gobernación del gabinete calderonista, Alejandro Poiré, quien ha dicho que en las elecciones de Michoacán hubo “signos muy preocupantes que deben ser analizados con mucho cuidado, luego de la intención de algunos grupos del crimen organizado por amedrentar e incidir en distintos casos”. Luego de las acusaciones de injerencia de manos criminales en los comicios michoacanos, especialmente las vertidas por la candidata y los representantes del partido en el poder, surge la interrogante de ¿por qué, si como dijo la aspirante a la gubernatura, algunos de sus actos de campaña fueron realizados bajo la vigilancia de los delincuentes, y la presión a los ciudadanos, no fueron entonces denunciados, investigados y detenidos? A pesar del espaldarazo de las autoridades encargadas de la elección, quienes en voz de su presidenta manifestaron no tener “ningún elemento para afirmar o suponer que el crimen organizado haya participado en la jornada electoral”, instando a quienes afirman lo contrario, a que presenten las pruebas en las instancias correspondientes, así como de las declaraciones tanto del gobernador michoacano como del líder moral del perredismo, quienes entrevistados por los medios declararon que la jornada electoral del 13 de noviembre se realizó con tranquilidad y sin contratiempos, e incluso el titular del Ejecutivo señalaría que el Protocolo de Seguridad habría funcionado bien, lo cierto es que la sospecha sigue siendo alimentada. Así, se ha difundido en medios nacionales un audio en el que un presunto delincuente daría instrucciones para supuestamente operar en favor del candidato ganador a la Presidencia de un municipio michoacano. En abono al enrarecimiento del clima político, la directiva estatal del partido blanquiazul acaba de anunciar que presentará la impugnación de los comicios, solicitando la anulación con base principalmente en la intervención del crimen, impugnación que en el mismo sentido también hará el candidato perredista, según ha anunciado. Así las cosas, parece entonces que serán las autoridades judiciales electorales quienes habrán de determinar el resultado de la elección, tal vez sea esa la razón por la que el presidente Calderón, a diferencia de los procesos electorales de otros estados, no haya externado ninguna felicitación al ganador de los comicios michoacanos.